Sáhara-Familiares de desaparecidos saharauis confirman ante Garzón una querella por genocidio contra cargos de Marruecos

El juez, que se declaró competente en octubre, admitió hoy a trámite la querella por la que se imputa a 13 funcionarios marroquíes

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hijos de saharauis desaparecidos tras la ocupación marroquí del Sáhara declararon esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se declaró competente el pasado mes de octubre para investigar el genocidio de cientos de saharauis que pudieron cometer altos cargos de Marruecos durante los años 70, 80 y 90. Todos ellos pidieron justicia y reclamaron conocer el paradero de sus familiares, en declaraciones efectuadas en la puerta de las dependencias judiciales en Madrid.

Los querellantes declararon ante el magistrado --que admitió hoy a trámite la querella-- a partir de las once y media de la mañana y ratificaron la demanda presentada. Entre los imputados se encuentran destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan.

Uno de los familiares de desaparecidos, Hurria Ahmed, indicó que hoy es para el pueblo saharaui "un día histórico" ya que se abre para ellos "una nueva esperanza" debido al inicio de la investigación. "No conocemos el paradero de decenas de personas", precisó.

"Confiamos en la justicia española y estaremos agradecidos al juez Garzón para el resto de nuestros días", añadió. "El juez ha mostrado mucho interés, nos ha recibicido con los brazos abiertos, jamás pensamos después de 32 años de lucha que íbamos a llegar aquí", dijo la querellante.

Una decena de saharauis acompañó desde primera hora de la mañana a los querellantes y mostró, en la puerta principal de la Audiencia Nacional fotos de desaparecidos y víctimas de tortura y pancartas contrarias al régimen de Marruecos.

13 ACUSADOS

El magistrado aceptó investigar en octubre una querella presentada en septiembre de 2006 por un delito de genocidio por asesinato, lesiones y torturas, contra un total de 32 marroquíes, aunque limitó el número de acusados, que finalmente es de 13.

La acción penal, que instruye unos hechos que Garzón califica como "enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada", se establece contra varios altos cargos, miembros del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.

Uno de ellos es el general mayor de Gendarmería Real, Housni Benslimane. Garzón especifica en su caso que fue el superior que ordenó y dirigió la campaña de detenciones y desapariciones en Smara en 1976. Este general fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.

Garzón se declaró competente en función "del principio de justicia penal universal", con el respaldo de distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por ello, el magistrado abrió diligencias previas de instrucción y librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales del Reino de Marruecos con la intención de que se notifique la querella a cada uno de los acusados.

Garzón pidió también a las autoridades marroquíes que le informen de si estos hechos han sido o están siendo investigados en este país y de si existe o ha existido procedimiento penal contra los 13 imputados. El juez solicitó toda la información disponible en el Estado alauí sobre la identidad de las víctimas y los lugares donde fueron enterradas.

La querella fue presentada por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis en septiembre de 2006 por la comisión de presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas, detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.

MÁS DE 500 DESAPARECIDOS

Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.

La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".

El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación".

Una de las asociaciones querellantes concretó el pasado año que tiene constancia de que algunos de los perseguidos fueron arrojados al vacío desde helicópteros.