Un informe advierte de que Caballero puede ser condenado por su "actuación dolosa" en el pleno del PGOM de Vigo

La Federación Vecinal decidirá el lunes si inicia un proceso judicial por lo ocurrido

VIGO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un informe jurídico elaborado por el abogado de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Vicente Sallín, a instancias de la Federación Vecinal de Vigo, advierte de que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, puede ser condenado penalmente por haber impedido el ejercicio de los derechos ciudadanos en el pleno en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), y que dicha sesión plenaria puede ser impugnada.

En el informe se considera "público y manifiesto" que se impidió la entrada de los representantes vecinales al pleno, a pesar de que el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos está recogido en la Constitución. Asimismo, Vallín señala en su informe que "se vulneró el derecho importantísimo a la igualdad", del artículo 14 de la Carta Magna, ya que "a algunas personas sí se les permitió la entrada, discriminándose a quienes se negó la misma".

También se considera vulnerada la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en la que se establece que los plenos deben ser de carácter público, a no ser que se decida por mayoría lo contrario, por lo que "procede la asistencia libre, sin que se pueda impedir, salvo por causas de orden público".

Por último, el informe recuerda que el Código Penal establece que puede suponer una coacción la actuación del que "sin estar legítimamente autorizado" impidiera a otro hacer lo que la ley no prohíbe, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto "impedir el cumplimiento del ejercicio de un derecho fundamental".

PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

Con esta fundamentación jurídica, el abogado señala que la Federación Vecinal está "legitimada para promover el correspondiente procedimiento", y que podría solicitar la nulidad del pleno en virtud del incumplimiento de la ley 62/78, la "condena personal del alcalde en el ámbito penal por su actuación dolosa impidiendo el ejercicio de un derecho propio de las personas", el resarcimiento de los daños y perjuicios que se puedan probar, y la apertura de un expediente sancionador.

La directiva de la Federación Vecinal de Vigo tiene previsto reunirse el próximo lunes para decidir qué medidas se adoptan a la luz de este informe jurídico, y el posible inicio de un proceso judicial. De hecho, varios colectivos, como los vecinos de la parroquia viguesa de Sárdoma o la Asociación de Peritos Inmobiliarios, denunciaron los hechos en el juzgado, y el Movemento polos Dereitos Civís remitió a la Fiscalía un informe sobre lo sucedido.

Estos procesos se iniciaron como consecuencia de que en el pleno celebrado el pasado 29 de diciembre, en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Municipal, se impidió el acceso de los vecinos al salón mientras que sí se llenó el espacio destinado para el público con militantes y simpatizantes del PSdeG, que fueron introducidos en las dependencias municipales por uno de los garajes del edificio.

CRÍTICAS DEL PP.

Por su parte, el grupo municipal del PP calificó de "vergonzoso tener que enterarse por la prensa" de los datos del informe policial redactado como consecuencia de lo ocurrido en el pleno, a pesar de haber solicitado por registro dicha información.

Los populares insistieron en pedir "todos los partes y actas" del servicio que prestó la policía, además del que se hizo público a través de los medios (y que no coincide con lo que las propias fuentes policiales trasladaron ese mismo día).

En ese sentido, pidieron que se identificase a las personas y vehículos que accedieron por el garaje ese día y que se expliquen los criterios que determinaron "la elección de personas privilegiadas que accedieron al salón de plenos".