Almería.- La Diputación rechaza en el pleno una comisión que investigue "irregularidades" en la contratación de asesores

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería rechazó hoy, con los votos en contra del equipo de gobierno --PSOE y PAL--, a favor del PP y la abstención de IU, la propuesta del grupo popular que recogía la creación de una comisión informativa especial de investigación para esclarecer posibles "irregularidades" en la contratación del personal de confianza y cuál es el trabajo que desarrollan estos cargos.

La petición del PP, formulada el pasado día 8 tras la difusión de un reportaje en la cadena 'Intereconomía' y la revista 'Época' en el que cargos de confianza grabados con cámara oculta reconocen que su puesto les sirve para estar liberados para el PSOE, pretendía también depurar responsabilidades políticas sobre el "escándalo" de los asesores --incluso la dimisión del presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero (PSOE)--, aclarar la calificación necesaria para este personal y "desenmascarar" si hay otros cargos que no cumplen su función.

Asimismo, tal como indicó el portavoz del PP en la institución, José Fernández, la comisión de investigación serviría para reclamar las retribuciones percibidas por los tres cargos de confianza cesados por el presidente, el director de Relaciones de Entes Supraprovinciales, Antonio Ortiz, la asesora Rosalía Gallardo y el director de Desarrollo Sostenible, Diego López.

Fernández recalcó ante la corporación provincial que es "vergonzoso" que el personal de confianza cobre 2.890 euros por trabajar "fuera" de la Diputación y justificó la constitución de la comisión en la "necesidad" de estudiar, confirmar y solicitar "las comparecencias oportunas" sobre el trabajo y los criterios en la contratación de asesores.

Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno provincial, Luis Pérez Montoya (PSOE), subrayó que, tras la aparición del reportaje, Usero actuó "de forma inmediata" aceptando el cese de los tres cargos de confianza y añadió que las presuntas irregularidades ya obran en manos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería, por lo que pidió "que sea la justicia" la que abra su propia investigación.

El portavoz provincial criticó además, en relación a la imputación de José Fernández como presunto autor de prevaricación y contra la ordenación del territorio, que en el PP "nadie se aplica el cuento de las dimisiones" y acusó a este partido de llevar un año "fabricando escándalos" en la institución provincial para "tratar de ganar así" lo que "llevan 30 años perdiendo en las urnas".

Pérez Montoya negó además cualquier financiación ilegal del PSOE y aclaró que la suscripción de un contrato de publicidad con un medio digital de la provincia al que está vinculada una asesora de comunicación de la institución, tal como también señaló 'Época', está "perfectamente investigado" porque cuenta con los informes favorables de todos lo técnicos y se realizó por procedimiento negociado porque es el único medio "de esas características" en la provincia.

En la misma línea el portavoz del PAL, Ángel Díaz, coincidió en que la Fiscalía ya está investigando los hechos, por lo que la constitución de una comisión de investigación no es, a su juicio, "oportuna" ni "necesaria" ya que, además, los asesores que dijeron estar contratados para estar liberados del PSOE son "casos puntuales".

El portavoz de IU, Antonio Romero, dijo por su parte no estar de acuerdo en que la comisión propuesta por el PP "ponga en la picota" a ningún cargo eventual más y culpó al PP de no tener "preparados ni hechos" los contenidos de dicha comisión, ante lo que resolvió que su partido no entrará "en ese juego".

En el reportaje de 'Intereconomía' y 'Época', Antonio Ortiz y Rosalía Gallardo son localizados en los despachos de la agrupación socialista de Roquetas de Mar y el primero dice tener su cargo en Diputación "para estar liberado" ya que en la institución "no hace prácticamente nada". Por su parte, el ex concejal del Ayuntamiento de Almería Diego López reconoce no tener "ni el grado A ni el grado B" de funcionario puesto que accedió "directamente" al haber sido concejal.