Almería.-Tribunales.-Imputan por presunta prevaricación urbanística al alcalde de Sorbas y portavoz del PP en Diputación

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha imputado al alcalde de Sorbas y portavoz del PP en la Diputación Provincial, José Fernández, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio al supuestamente autorizar en una junta de gobierno celebrada en 2005 la construcción de ocho viviendas unifamiliares en suelo rústico, según reveló hoy en rueda de prensa el secretario provincial de Política Institucional del PSOE, José Antonio Segura Vizcaíno, quien anunció la personación de su partido en la causa.

El auto, dictado en virtud de las diligencias previas incoadas a partir de una denuncia del Ministerio Público, ordena, asimismo, la suspensión cautelar de la licencia de obra validada en pleno por la corporación municipal, en la que autorizaba a la mercantil 'Manzana Homes', cuyos responsables también están imputados en la causa, a ejecutar la promoción en la pedanía de 'La Mela'. El fiscal solicitaba también a la compañía Sevillana Endesa que se abstuviese de realizar nuevos suministros a los citados inmuebles, un extremo que también ha admitido el juez.

Según el escrito, confirmado a Europa Press por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Ayuntamiento de Sorbas "incumplió de forma palmaria" la legislación vigente al aceptar la petición de la empresa constructora para subdividir la parcela 71 del polígono 48 en ocho partes con el argumento de que la segregación se realizaba sobre suelo urbano cuando éste estaba clasificado en las Normas Subsidiarias (NNSS) como terreno no urbanizable.

Fernández aparece también implicado en otras diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Almería y remitidas al juez decano de Almería, Luis Columna, por la concesión mediante decreto de Alcaldía de licencia municipal concedida en 2006 a John Windsor Smith para la construcción de tres viviendas unifamiliares en el paraje 'Los Pérez', sobre suelo no urbanizable y sujeto a la figura de protección ambiental de Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Sierra Cabrera-Bédar.

De la actuación del regidor popular y del promotor, que sabía que la obra contravenía la legislación, podría desprenderse la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos en la modalidad de prevaricación, hechos que califica de "extrema gravedad" ya que son los consistorios la primera administración encargada de velar por la legalidad urbanística.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que de los mismos ilícitos penales serían responsables los miembros de la corporación municipal que que han votado o informado a favor del citado acuerdo. Entre otras diligencias, pide la declaración como imputado del regidor y el arquitecto municipal Pablo Antonio López.