AUAN celebra la enmienda al Código Penal sobre viviendas ilegales aunque "no es todo lo que hubiésemos querido"

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN), que agrupa a propietarios de viviendas ilegales en Almería, en su mayoría de origen británico, ha celebrado la enmienda al Código Penal que deja en manos de los jueces paralizar la demolición hasta que los compradores de buena fe tengan asegurada la indemnización aunque han advertido de que "no es todo lo que hubiésemos querido".

El abogado Gerardo Vázquez, asesor legal del colectivo e impulsor del proceso que ha fructificado este miércoles en el Senado, ha indicado a Europa Press que el texto, a la espera de análisis más exhaustivo, supone una "mejora para las víctimas" aunque no tiene la "claridad" de la enmienda propuesta por el grupo socialista. "Tiene a tratar de proteger a los compradores de buena fe pero no es todo lo que hubiésemos querido", ha señalado.

La enmienda transaccional sobre la base de la enmienda del PSOE y pactada este miércoles con el PP recoge que el juez podrá, "oída la administración competente, condicionar temporalmente la demolición" a la constitución de garantías que aseguren el pago de las indemnizaciones".

La propuesta de los socialistas, a instancia de AUAN y de SOHA, la asociación gemela en Málaga, pasaba por no se acometiesen derribos hasta que sus dueños, que las compraron de buena fe y sin conocer sus irregularidades, no cobrasen las indemnizaciones correspondientes.

Vázquez ha trasladado que lo más "significativo" del paso dado de este miércoles es que los dos partidos "hayan tomado conciencia de que hay un problema ciudadano que tienen que resolver" y hayan "entendido" la situación por la que "pasan a diario los afectados". "No podía dejarse perder esta oportunidad para no tener que volver a explicarle a un cliente que, pese a ser tercero de buena fe, se va a demoler su casa y se va a quedar en la calle".

Al hilo de esto, ha considerado que no se está "ante el final del proceso" ya que "todavía hay mucho por hacer" y ha agradecido al PSOE "que cogiese el toro por los cuernos y llevase una iniciativa ciudadana hasta el Senado". "También agradecemos al PP que haya estudiado la propuesta y se lo haya pensado hasta llegar al pacto", ha concluido.

La enmienda al Código Penal que se somete a aprobación en el Senado es el resultado del trabajo iniciado hace meses por la AUAN. En concreto, comenzó a ver la luz en el seno de unas mesas redondas organizadas con los colegios profesionales de Abogados y Arquitectos de Almería en noviembre y en las que se presentó la propuesta de cambio.

En concreto, desde el colectivo se proponía una modificación de artículo 319.1 del Código Penal que castiga los delitos contra la ordenación del territorio para introducir la matización de que las indemnizaciones a terceros de buena fe "se deberán garantizar en todo caso como condición previa a la demolición" y que "para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización, no se podrá ordenar la demolición".

El recorrido de la iniciativa se aceleró al coincidir con el caso de cuatro familias británicas cuyas viviendas unifamiliares en el paraje de Las Terreras de Cantoria fueron demolidas en esas fechas en ejecución de sentencia firme sin que ellas hubiesen recibido aún la indemnización de más de 789.000 euros fijada en vía penal y de la que debía hacerse cargo el promotor como responsable civil.

En datos, aportados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, las causas penales por este supuesto se elevan a 1.200. El 93 por ciento de los casos se iniciaron por denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el 80 por ciento son por construcciones en no urbanizable y el 40 por ciento de las actuaciones no cuentan con licencia municipal.

En todos los procedimientos se encausa al promotor y al arquitecto pero sólo en un 33 por ciento se actúa por vía penal contra el Ayuntamiento, por lo que, según apuntó entonces el abogado Gerardo Vázquez, habría que abordar también la cuestión de la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones, no solo consistorios, por el principio de "culpa in vigilando".