Condenados a cuatro años y seis meses los dos exmandos de la Policía Autonómica por falsedad

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a los dos exmandos de la Policía Autonómica Francisco Javier Barea y José Ignacio Romero a los que un jurado popular declaró culpables de fasear cuatro facturas por valor de 9.580 euros que debían haberse destinado a obras en la sede de la Unidad aunque finalmente sirvieron para la compra de equipamiento como botas y uniformes.

El tribunal de la Sección Tercera, que ha rebajado en seis meses la condena que interesó en Ministerio Público, ha impuesto a ambos, asimismo, penas de inhabilitación especial de cuatro años y el pago de sendas multas de 15 meses a razón de 12 euros al día al considerar que se trata de un delito continuado de falsedad en documento público, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. La sentencia va a ser recurrida por ambas defensas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Cabe recordar que Barea y Romero, exjefe provincial y exjefe de negociado respectivamente, fueron declarados sin embargo no culpables de malversar 33.130 euros tal y como sostenían las acusaciones fiscal y particular ejercida por la Junta de Andalucía al no alcanzar el quorum necesario y estimar que no existía prueba de que los acusados hubiesen desviado o distraído el dinero destinado a comidas de trabajo, obras y reparaciones de vehículos de su fin público.

El jurado consideró probada la falsedad de las facturas por importe de 9.580 euros después de que el dueño de la empresa reconociese que las citadas obras "no se realizaron" aunque sostuvo que ninguno "tenía conocimiento" de que no se hubiesen ejecutado ya que "no se ha aportado en juicio documentación o testigos que digan lo contrario".

Subrayó, no obstante, que no supuso malversación ya que este dinero "aún cambiado de partida presupuestaria si se destinó a un fin publico" y recuerda que los agentes de la Unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta andaluza, en su testifical, aseguraron que habían ido a la tienda "a probarse material", a lo que, añadió, "hay que sumar que existen facturas de ese material policial".

Para descartar la malversación y la falsedad con respecto a las comidas de trabajo cuestionadas por las acusaciones y que alcanzaron un importe de 7568,65 euros, concluyó que, a lo largo de la vista oral que se ha prolongó durante un mes y medio, "no se nos han presentado testigos de que estas comidas no fueran de trabajo" e hizo referencia a que, debido al uso de plantillas para elaborar las memorias justificativas que acompañan a las facturas para su pago por parte de la Junta "no se puede afirmar con toda seguridad que no asistiesen las personas que figuran".

"VENGANZA Y COMPLOT"

Sobre las reparaciones de vehículos oficiales bajo sospecha con un importe de 4.600 euros, el jurado aludió a que en la causa constan dos facturas ratificadas por el gerente de la empresa que las realizó y a que, a su juicio, "no existen elementos suficientes para valorar si se hicieron las reparaciones".

"El único que dijo que no había constancia fue el propio denunciante", aseguraron en referencia al actual jefe de la Unidad de Policía Adscrita, Francisco Llinares, a quien los acusados señalaron a lo largo de la vista oral como la persona "con nombres y apellidos" que, según ellos, orquestó esta "venganza y complot".

En esta línea, y con respecto al resto de obras cuestionadas para, por ejemplo, la habilitación de vestuarios femeninos, estimó que sí se realizaron en atención a la prueba documental aportada por las empresas y al testimonio de sus gerentes en sala. "No está acreditado que las memorias justificativas no se correspondan con la realidad y que los importes no fueran destinados a estos fines", remarcó el veredicto.

Con respecto al papel del exjefe de Negociado José Ignacio Romero recogió que su función "se limitaba a mecanizar facturas y gestionar la tramitación sin realizar los pagos" y, además, critica que no exista en el seno de la administración, en este caso la Junta, "una norma que regule la elaboración de las memorias justificativas".