ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos de las cuatro viviendas edificadas en el paraje Las Terreras, en Cantoria (Almería), por las que ha renunciado a su acta de concejal el exalcalde Pedro Llamas tras ser inhabilitado en firme han sido demolidas este lunes para dar cumplimiento tanto a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería como a la vía administrativa emprendida por la Junta, que ya daba vía libre a su derribo en 2007.
La actuación responde a la petición de ejecución forzosa realizada por la Junta andaluza el pasado mes de agosto y a la que dio respuesta el tribunal de la Sección Segunda en una providencia de 10 de septiembre en la que señalaba que no había "inconveniente en que se dé inicio en la reposición de la realidad física alterada al coincidir los pronunciamientos" tanto de la vía penal como de la vía administrativa.
En virtud de la autorización de actuaciones para restablecer la legalidad urbanística, la Junta ha procedido este lunes a la demolición de dos de estas viviendas, una todavía mera estructura, tras alcanzar un acuerdo con los propietarios, a los que se dio un plazo de dos meses para abandonar la casa, según han indicado a Europa Press fuentes de la administración autonómica.
La actuación, que ha transcurrido con "normalidad", deberá ser sufragada por el promotor de las viviendas vendidas a ciudadanos británicos, al que la Junta pasará la factura, y que también, según la sentencia confirmada en mayo por el Tribunal Supremo (TS), deberá indemnizar a los compradores "de buena fe".
En agosto de 2004, la Junta abrió un expediente sancionador contra el constructor a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por el desmonte de los terrenos sin autorización y que terminó con la imposición de multa y la obligación de la reposición del medio "a su ser y a su estado anterior".
Esta orden fue desobedecida y se construyeron las cuatro edificaciones residenciales en suelo no urbanizable de carácter rural sin licencia municipal que las amparase y sin ser autorizables al estar realizadas sobre suelo cuyo destino no estaba relacionado con fines forestales, agrícolas o ganaderos, por lo que se inició otro expediente administrativo.
La sentencia a la que se ha dado cumplimiento este lunes, después de un providencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 10 de septiembre en la que se comunicaba que no había inconveniente para que se procediera a la reposición de la legalidad física, sí estipulaba que los propietarios de las casas debían ser indemnizados por el promotor, F.P.M., quien deberá correr, asimismo, con los gastos de la demolición.
Fuentes de la administración autonómica han indicado a Europa Press que, tras requerimientos para la ejecución voluntaria de la vía administrativa, mediante oficios en 2007 y en 2012, los derribos no se habían acometido, por lo que tras confirmar el pasado mes de mayo el Supremo la ilegalidad de la construcción, la administración recurrió a la vía penal.
Las mismas fuentes han precisado que las costas de derribo correrán a cargo del promotor, condenado a cárcel, que también tendrá que sufragar la demolición de las otras dos viviendas levantadas en la parcela 200 del paraje Las Terreras para restablecimiento de la legalidad urbanística alterada.
El exalcalde de Cantoria está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.