Detenido en la capital un miembro de una red acusada de comercializar fitosanitarios de forma ilegal

ALMERÍA/CASTELLÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e imputado a otras 10, entre ellos a un vecino de Almería, por supuestamente pertenecer a una organización que se dedicaba al comercio ilícito de productos fitosanitarios adulterados -plaguicidas agrícolas y productos reguladores del crecimiento de vegetales- en las provincias de Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Gerona, Lérida, Madrid, Murcia, Tarragona, Palencia y Valencia, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

A los detenidos se les imputan los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, contra la propiedad industrial y falsificación de documentos. Entre ellos figura un ciudadano de origen francés localizado en Almería, el único extranjero que tiene conexión con la supuestaa trama. En el marco de la 'Operación Teja', se han intervenido más de 32 toneladas de sustancias activas y productos fitosanitarios ilegales.

Los miembros de la red adquirían las sustancias activas para la fabricación de productos fitosanitarios a empresas importadoras de productos químicos y los ocultaban en naves y almacenes clandestinos ubicados en distintas localidades de Castellón y Valencia.

Una vez que habían elaborado los productos agrícolas los introducían en el mercado de forma ilegal a través de empresas ubicadas en Castellón y en la ciudad de Valencia, que, a través de otras mercantiles dedicadas a la distribución de productos fitosanitarios, lo comercializaban y vendían a los agricultores.

Los productos eran vendidos en envases sin etiquetado o con la etiqueta manipulada para imitar los de procedencia legal. Asimismo, carecían de la garantía necesaria en cuanto a la calidad y seguridad del producto y no estaban debidamente registrados en el Registro Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (Magrama).

Para la venta de insecticidas y plaguicidas agrícolas es necesario un registro y autorización previa que otorga el Magrama. Esta autorización garantiza que el producto ha superado los controles y estudios previos y cuenta con los informes favorables tanto agronómicos (seguridad agrícola) de la Dirección General de Agricultura, como de los Ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente, quienes evalúan los efectos del producto y sus residuos sobre la salud humana y sobre el medioambiente. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de instrucción número 1 de Vinaròs (Castellón).