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ALMERÍA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
La asociación conservacionista Salvemos Mojácar va a solicitar al Tribunal Supremo (TS) que ordene el embargo del hotel que se levanta en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).
Lo harán después de que Azata del Sol no haya pagado al colectivo las costas de 5.297 euros de uno de los procesos contencioso-administrativos para dirimir la legalidad del establecimiento pese a que el Tribunal Supremo (TS) les emplazó a finales del mes de octubre para que lo hicieran efectivo en un plazo máximo de 15 días.
En una sentencia dictada en julio de 2012 en la que se confirmaba que el hotel viola la anterior Ley de Costas por invadir de forma parcial la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, el Supremo condenó a Azata del Sol al pago de 4.000 euros al Estado, de 1.000 euros a la Junta de Andalucía y 5.000 euros a Salvemos Mojácar por los conceptos de representación y defensa.
Ante el incumplimiento de la condena, con requerimiento judicial de por medio fechado el pasado 29 de octubre, fuentes del colectivo han indicado a Europa Press que han iniciado ante el TS los trámites para solicitar el embargo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
En concreto, ante el impago, han pedido que se ejecute la exacción de las costas por vía de apremio y, tras formalizar el paso previo de presentación de testimonios, la asociación va a interesar que dicte auto por el que se ordene el citado embargo.
La constructora Azata del Sol ya recurrió las costas a las que fue condenada en este procedimiento y el Supremo remitió al Colegio Oficial de Abogados de Madrid oficio para que certificase si eran o no adecuadas. El órgano colegial dio el visto bueno a la tasación y el Alto Tribunal volvió a condenar a la mercantil al pago de las costas por este contencioso-administrativo secundario, en este caso, 100 euros que sí abonó.
La viabilidad del hotel, que cuenta con hasta tres pronunciamientos en firme que concluyen que viola la anterior Ley de Costas y se asienta sobre suelo cuya propiedad ha sido dada a la Junta andaluza por 2,3 millones de euros, está a expensas del fallo que derive de la vista oral señalada para el día 14 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en la que se dirime la legalidad o no de la licencia de obras que ya fue declarada nula en 2008 por un juez de Almería.