Junta dice que se "sentará las veces que haga falta" para "acomodar" a la ley los diferentes casos de viviendas ilegales

Afectados trasladan que la modificación de la LOUA "no es la panacea" y que solo "resolverá algunos problemas"

ALMERÍA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Ordenación del Territorio y Cambio Climático, Nieves Masegosa, ha trasladado este miércoles que el Gobierno andaluz "se sentará las veces que haga falta" para intentar "acomodar" al decreto para la regularización de las viviendas en no urbanizable en vigor desde hace dos años aquellos casos a los que no se da respuesta en el anteproyecto para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, según ha dicho, está destinado a dar "encaje legal" a las construcciones en "pequeñas parcelaciones".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Mesa Redonda organizada por los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Almería para abordar la modificación de la LOUA propuesta hace unas semanas por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la que ha acudido una nutrida representación de residentes extranjeros, en su mayoría británicos, y agrupados en las asociaciones AUAN y SOHA.

Masegosa, quien ha remarcado que el anteproyecto, ahora en fase de tramitación, no va resolver el caso de viviendas que estén sujetas a prescripción por legislación específica o por normativa ambiental y contra las que la administración puede "actuar en cualquier momento", ha asegurado que, para los casos de inmuebles que no quedan regularizados con el anteproyecto, "creemos que, con voluntad de los propietarios y de los ayuntamientos, pueden tener salida en el decreto 2/2012".

Ha circunscrito el ámbito de actuación de la modificación de la LOUA a los "únicos casos a los que la experiencia de aplicación del decreto no ha dado encaje legal ajustado" a través de la normativa urbanística municipal como hábitat rural diseminado o asentamiento urbanísticos con "pleno reconocimiento de derechos y obligaciones que impone la LOUA".

"El bloque de viviendas aisladas quedaba fuera y ahora se pretende darle ese reconocimiento para acceso a servicios de luz y agua, por lo que hay que resaltar que ese reconocimiento carácter prioritario de autoabastecimiento da seguridad jurídica y permite el control administrativo del medio ambiente".

En estos términos se ha expresado después de que el asesor jurídico de AUAN y SOHA, Gerardo Vázquez, haya advertido de la necesidad de "clarificar algunos conceptos indeterminados que causan confusión en los afectados" en torno al anteproyecto, que, según ha remarcado, "en el mejor de los casos, resolverá algunos problemas y permitirá que algunas casas puedan acceder a...".

Vázquez, para quien el borrador "no es la panacea" aunque sí un "paso adelante importante", ha hecho alusión a la presencia entre los asistentes a la mesa redonda de una familia "que lleva viviendo diez años sin electricidad, otra que no tiene escritura y una tercera cuya vivienda tiene licencia aunque está impugnada en los tribunales".

"Hay que destacar que se trata de vidas humanas, no de papeles. Son personas con una problemática diversa y confundidos", ha resaltado para alertar de que con la normativa actual se están generando "barriadas de segunda clase, malestar social, y daño al medio ambiente, por lo hablar --ha subrayado-- del malestar como recientemente ha reconocido una juez" en alusión a la sentencia que condena al Ayuntamiento de Albox como responsable civil subsidiario a indemnizar por daños morales a tres familias británicas.

El asesor de AUAN y SOHA ha destacado, no obstante, la "aparente voluntad de diálogo y transparencia" de partidos y agentes sociales ante un problema "que es general, de la sociedad" y ha considerado que es una oportunidad "interesante" para resolver "todos juntos una realidad". "Si queremos vender bienes inmuebles y generar riqueza, hace falta seguridad jurídica".

Almería es la provincia andaluza que más ha avanzado a la hora de completar los trámites necesarios para el desarrollo del Decreto 2/2012 de Regularización de Viviendas Ilegales de Andalucía. Así, un total de 82 municipios almerienses ya han superado la primera fase de esta norma y están por tanto en condiciones de que el Decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en su territorio.

En la mesa redonda, moderada por el decano del Colegio de Abogados, José Luis Pozo, han estado presentes, además de Masegosa y Vázquez, el decano del Colegio de Arquitectos de Almería, Javier Hidalgo, el portavoz de Urbanismo del Colegio Notarial Andaluz, Jorge Díaz, el abogado Gabriel Alcoba en representación del PP; el letrado Rodrigo Sánchez, por el PSOE y el responsable de la Oficina de la vicepresidencia en Almería, Rafael Salazar, por IU.