Tribunales.- Los Prior estudian demandar a la Junta por "forzar" el derribo de su casa que ha anulado el TC

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El matrimonio formado por Leonard y Helen Prior estudia interponer una demanda contra la Junta de Andalucía al estimar que, tras la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC), la Administración autonómica "forzó" la demolición de su vivienda en Vera hace 16 meses a sabiendas del "riesgo posible" generado por la tramitación de un recurso de amparo que podría derivar en la nulidad del proceso contencioso-administrativo que provocó el derribo.

Así lo avanzaron hoy en declaraciones a Europa Press fuentes del despacho que representa a la pareja británica, 'Martínez Abarca y Muñoz. Gestión Jurídica', quienes precisaron que la responsabilidad recaería también sobre el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, al que el Alto Tribunal obliga a retrotraer todas las actuaciones por las que se ejecutó el derribo y a iniciar un nuevo procedimiento con la personación en la causa de los perjudicados.

El TC ha anulado la orden de demolición ejecutada el 9 de enero de 1008 sobre al considerar "incuestionable" que el proceso contencioso-administrativo incoado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vulneró su derecho de tutela judicial efectiva y los situó en una situación de indefensión que derivó, a la postre, en la pérdida de su casa.

La sentencia del Alto Tribunal, a la que tuvo acceso Europa Press, da la razón a la pareja que hace 16 meses vio como una máquina retroexcavadora procedía al derribo del inmueble construido en el paraje La Loma con licencia municipal en 2003 pero declarada "ilegal" apenas un año después por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 que estimo, tal y como sostenía la Junta de Andalucía, que el inmueble vulneraba la prohibición de parcelar en suelo no urbanizable.

Según considera el TC, Leonard y Helen Prior tuvieron conocimiento del proceso al recibir una "inaudita" notificación del Ayuntamiento de Vera que, en 5 de mayo de 2006, les informaba de que, en el plazo de tres meses, debían proceder a "restaurar la legalidad urbanística" según una sentencia del juez Jesús Rivera, por lo que éste --ahonda-- debió admitir la petición del matrimonio para declarar la nulidad de todas las actuaciones que derivaron en el derribo de la vivienda.

Argumenta, en contra de lo que sostiene la Junta de Andalucía, que los propietarios "ostentaban un evidente y legítimo interés" en el trámite contencioso-administrativo que no tenía "porqué coincidir con las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento veratense ni generar el mismo resultado" en el litigio que mantenía con la Administración autonómica.

Rechaza, asimismo, que, tal y como achaca al matrimonio el juez Rivera para desestimar la nulidad de las actuaciones, éste "se provocasen ellos mismos la indefensión" al no dejar constancia de domicilio ni designación de una persona en el municipio en el que no residían entonces de manera habitual. En esta línea, señala que no existe prueba documental que avale que el Ayuntamiento de Vera "practicase el emplazamiento de los recurrentes".

Reprocha en esta línea que Leonard y Helen Prior "eran perfectamente identificables por los datos que figuraban en el expediente administrativo" incoado por la Junta de Andalucía, así como que en este constaba "la mercantil Inmobiliaria Moya y su domicilio como donde habrían que efectuarse todas las notificaciones dirigidas a ellos por residir en el extranjero", lo que se opone a lo sostenido por el juez de lo contencioso-administrativo.

RECLAMACIÓN PATRIMONIAL.

Leonard y Helen Prior han interpuesto ya una demanda contra el Ayuntamiento de Vera (Almería) para reclamar poco más de 600.000 euros al considerar que el Consistorio es responsable civil de la pérdida de su residencia después de que un juez declarase la nulidad de la licencia municipal de obras a instancias de la Junta de Andalucía.

El procedimiento fue elevado en principio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que decidió dar traslado de las actuaciones al juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería, ante el que ya se ha formalizado la personación como parte de los demandantes.

En concreto, el matrimonio Prior reclama a la corporación local gobernada por Félix López (PA) 80.000 euros en concepto de daños y perjuicios más otros 535.000 euros, cantidad en la que estaba valorado el inmueble según el informe de tasación aportado al procedimiento del que derivó la orden de demolición dictada por el juez Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.

Leonard John y Helen Prior, que se han visto obligados a residir en un garaje, pertenecen a la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que agrupa a los propietarios, en su mayoría de nacionalidad británica, de alrededor de 5.000 viviendas declaradas fuera de ordenación en ocho municipios de la provincia y sobre las que pesa, además de expedientes de disciplina urbanística incoados por la Junta de Andalucía, procesos judiciales en los que el Ministerio Fiscal interesa su demolición.

La Administración autonómica avanzaba, no obstante, en septiembre el inicio de un plan de actuación, ejecutado ya al 70 por ciento, por el que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en estas circunstancias tendrían prioridad en la regularización, que afectará al 90 por ciento de los inmuebles y de la que sólo quedarán fuera aquellas construidas sobre dominio público o en zona declaradas de especial protección medioambiental.