GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 288 menores infractores de la provincia de Granada han podido cumplir la ejecución de medidas judiciales alternativas a las privativas de libertad en sus localidades de origen, principalmente en las zonas del Valle de Lecrín, el área metropolitana y la costa, desde la puesta en marcha en 2005 de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Delegación de Justicia y Administración Pública.
La institución provincial, en colaboración con los respectivos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, se encarga de elaborar una propuesta de posibles tareas y actividades a realizar por los menores, aporta el uso de locales y medios necesarios para la realización de dichas actividades, asesora sobre el procedimiento y metodología para la correcta ejecución de las actividades y finalmente elabora un informe valorativo del grado de cumplimiento de la actividad encomendada.
Así lo explicó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera y diputada de Integración Social de la Diputación de Granada, Juana María Rodríguez Masa, quien consideró que "el éxito está asociado a que la contingencia entre el delito y la medida reparadora sea lo más inmediata posible. Hay que tener en cuenta la importancia, por un lado, la colaboración para que las actividades se ajusten a lo que se quiere reparar y por otro, a la prontitud para llevarlas a cabo", mantuvo.
Según precisó, la ejecución de medidas judiciales alternativas a la privación de libertad por parte de los menores infractores de la provincia, tales como la limpieza o mantenimiento de instalaciones municipales deportivas, parques, y jardines donde se celebra el botellón o la colaboración con educadores para apoyo en colegios, ha demostrado su carácter rehabilitador, puesto que el el 70 por ciento de ellos no vuelven a reincidir.
El itinerario de colaboración que se establece a raíz de este convenio ha supuesto además, según dijo, un importante avance en el cumplimiento de las medidas adoptadas en sentencia firme por el juez de menores. "Un importante reto es que los ayuntamientos, entidades públicas y privadas, y ciudadanía en general, conozcan el papel preventivo y de contención del delito que tienen estos programas, para así hacer más efectiva su colaboración y ampliar la gama de actividades que se ofertan, de manera que se pueda hablar de una reeducación válida del menor infractor", mantuvo.
FUNDAMENTAL EL ENTORNO
Según incidió la directora general de Justicia Juvenil, Silvia Calzón, "los centros de internamiento privativos de libertad para los menores infractores suponen la parte cuantitativa menos importante de las sentencias ya que se dictan con unos tipos de delitos más graves y por tanto en menor medida que las de medio abierto, en las que son fundamentales el entorno de la familia y el lugar donde se ha producido el conflicto".
Las medidas consistentes en prestaciones en beneficio de la comunidad derivadas del proceso extrajudicial de conciliación y reparación por imperativo legal, constituyen una acción cuyo objetivo es el confrontar al sujeto infractor con la propia conducta y sus consecuencias, son las que más imponen los jueces.
Así lo aseguró la delegada de Justicia, Begoña Álvarez, que cifró en el 37 por ciento el porcentaje de estas medidas. "Cada vez se amplían más las actividades que, dentro de estas prestaciones los menores llevan a cabo en sus municipios, ya que se está dando un buen resultado en aras de su reeducación", dijo.
En este sentido, las actividades generales que han llevado a cabo estos menores en los municipios han consistido en la limpieza o mantenimiento de instalaciones municipales deportivas, parques y jardines, limpieza o mantenimiento de Centros de Día de mayores, guarderías, y escuelas de adultos, Protección Civil, participación en actividades del pueblo, fiestas, colaboración con educadores para apoyo en colegios, sobre todo en la realización de deberes y colaboración en ludotecas y bibliotecas municipales.
Por otra parte, los menores también llevan a cabo tareas socioeducativas consistentes en la realización actividades de contenido educativo, orientadas al desarrollo integral del menor, que buscan satisfacer necesidades concretas del repertorio de su competencia social.