Huelva.- El minusválido sin accesibilidad en su casa emplaza a la Junta a "demostrar" que ha rechazado tres permutas

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Mora, el discapacitado que ha denunciado "llevar siete años arrestado en su propia casa porque no cuenta con accesibilidad para su estado en silla de ruedas, emplazó hoy a la Junta a "demostrar" que ha rechazado hasta tres permutas de vivienda, información por la que considera que ha sido "difamado".

En declaraciones a Europa Press, Mora aclaró que, en enero de 2005, le fue adjudicada "de forma verbal y por parte de un funcionario de la Delegación de Obras Públicas de la Junta en Huelva una vivienda en la Avenida de Guatemala, que sí acepté", pero lamentó que, "en el momento de la mudanza, desde la Junta nos notificaron que la decisión de entrega de la vivienda la había tomado un funcionario que estaba sustituyendo al titular por vacaciones y que no tenía potestad para para hacer eso, lo que provocó en el seno familiar una gran decepción y angustia por lo injusto de esta actuación".

De la misma forma, relató que, "poco tiempo después, la Delegación de Obras Públicas ofertó, sin aportación documental, otra vivienda en la Avenida Cristóbal Colón, un segundo piso que resultó ser un apartamento de entre 30 y 40 metros con un sólo dormitorio", por lo que justificó que tuvo que rechazarlo porque, "de aceptarlo, me veía obligado a desalojar a nuestro hijo, entonces de 16 años, del núcleo familiar por falta de espacio vital para él", respondiendo los funcionarios a esta situación que "el niño se emancipara".

Mora añadió que el pasado 25 de abril, el delegado de Obras Públicas de la Junta en Huelva, Gabriel Cruz, "ante un nuevo intento de desbloquear esta situación, se personó en mi domicilio y me ofertó permuta en la provincia, lo que me originaría nuevamente un grave quebranto familiar y personal, especialmente en el transporte, debido a mis continuadas revisiones médicas".

Igualmente, indicó que le ofertó como posibilidad la "remodelación de los interiores del piso, cuando el problema principal que tengo es el de la imposibilidad de la puesta de ascensor, por lo que mi situación de cautiverio no alcanzaría solución alguna, aunque parecen estar conformes con efectuar un gasto a todas luces innecesario, ya que ya han hecho un peritaje del interior de la vivienda".

Con todo, Mora apuntó que ha remitido un escrito a Gabriel Cruz en el que solicita "cooperación en el alquiler de una vivienda accesible por la diferencia entre su coste y lo que yo pago por el piso en el que vivo, hasta que dispongan de vivienda para llevar a cabo dicha permuta y sin con ello tener que perder los derechos que ya tengo adquiridos", para lo que espera una respuesta.

Con estos argumentos, Mora considero que se le está haciendo un "daño moral porque la Junta de Andalucía está dejando de manifiesto con sus actuaciones la falta de voluntad tanto administrativa como política de solventar esta situación, no sólo porque no me oferta las soluciones viables y legítimas a que está obligada al construir edificaciones fuera de la Ley de Accesibilidad".

Y es que, a su juicio, la Junta "está intentando confundir a la opinión pública que me apoya, a las entidades de apoyo que han luchado y están luchando por ver solución al caso, a los medios de comunicación que tanto se han molestado en esclarecer mi caso, sino también a instituciones tan insignes como la del Defensor del Pueblo Andaluz".

En este punto, se mostró convencido de que el Defensor "se ha basado en unos argumentos acusatorios por parte de la Junta de Andalucía, no demostrados fehacientemente, me emplaza, por haber rechazado tales permutas, a comprar nueva vivienda cuando proceda en tiempo y forma, cuando estas acusaciones son una burda mentira manipuladora, ya que la primera permuta que me ofrecieron, sí la acepté al resultar una oferta digna y acorde con mis necesidades, pero simplemente nos la arrebataron cuando ya gozábamos ilusionadamente con el fin de un cautiverio al que nos abocó la propia Junta de Andalucía".