Acusada de matar a 2.200 animales lo niega y testigos dicen que había "días de exterminio"

MÁLAGA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, acusada por un delito continuado de maltrato animal por el supuesto sacrificio de 2.200 animales, ha negado los hechos; mientras que los testigos han confirmado que se llevaban a cabo estas prácticas eutanásicas sin control y que había "días de exterminio".

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha comenzado el juicio a la presidenta de la asociación, para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también imputa a un empleado de la protectora. Además, a la dueña se le acusa de un delito continuado de falsedad. La vista oral sigue este miércoles.

Así, la acusada ha señalado que "jamás" realizó el "exterminio" del que se le acusa y ha apuntado que eran los veterinarios los que decidían las eutanasias y que en su centro se sacrificaba "lo mínimo". "Yo tengo fobia a poner inyecciones", ha indicado, rechazando también haber falsificado certificados o listados para incineración.

"Yo soy amante de los animales solamente, no me atrevo ni a cortarles las uñas", ha asegurado la acusada en su interrogatorio, apuntando que "con una jeringuilla me han podido ver", pero no con producto eutanásico, sino con jarabe para darlo por la boca. "Tenía mis ocupaciones que eran los animales, buscarles dueño y que la protectora funcionara bien", ha señalado.

Ha apuntado que serían 283 fallecimientos con justificación los que ocurrieron en el periodo en el que las acusaciones le achacan la muerte de más de 2.200, una cifra "monstruosa que no sé de dónde se lo han sacado" y que es "imposible, un disparate, entonces por qué iba yo a dedicar mi vida a estar allí procurándoles dueños", ha dicho, apuntando que sigue teniendo 12 perros, 14 gatos, dos conejos, dos ocas y dos tortugas, en su casa, porque "la gente sigue creyendo en mi, me los traen y no puedo decir que no".

Ha considerado que este proceso "es un cúmulo de mentiras", en relación con las declaraciones de testigos, algunos exempleados, que hablan de que ocurrían estos sacrificios, y ha explicado que tuvo una reunión con tres veterinarios, que le propusieron gestionar ellos una parte del centro, a lo que ella se negó, tras lo que surgieron las denuncias.

El otro acusado, un empleado de la protectora, ha negado los hechos y ha insistido, como la anterior, en que eran siempre los veterinarios los que decidían las eutanasias que se hacían. "Yo no he pinchado a ningún animal", ha señalado, apuntando que no sabe por qué los exempleados le relacionan con esto. Ha dicho que él sólo estaba "para limpiar y recoger" y ha señalado que sólo se sacrificaba "muy de vez en cuando" y cuando el animal estaba muy enfermo.

TESTIGOS

Uno de los testigos, que era veterinario en ese momento, ha asegurado que "a los lunes que se apagaban las cámaras y se ponía la música alta se les llamaba días de exterminio, porque cuando llegábamos ya no había tantos perros ni gatos como la semana anterior".

"Los días de exterminio solían ser los lunes, cuando yo llegaba seguía la música alta y si un viernes había una galería de perros llena y el lunes no había ninguno, lo que suponíamos es que los habían sacrificado", ha indicado, apuntando que se practicaban eutanasias "sin control" profesional, algo que, ha dicho, la acusada le reconoció.

Ha señalado que la acusada utilizaba el término "intraperro" para referirse a la forma de realizar la eutanasia, lo que significaba que "pinchaba donde pillaba"; y ha asegurado que se escuchaban "gritos y alaridos que eran de sufrimiento, tenían agonía". Ha apuntado que él nunca ha realizado estas prácticas en el centro y que llegó a grabar a varios perros muertos.

No obstante, ha admitido que no vio directamente a los acusados llevar a cabo estas prácticas, ni tampoco analizó los cadáveres para determinar las causas de la muerte, aunque sí ha explicado que un día, "tras escucharse gritos y alaridos", vio a la procesada con un bote del producto utilizado para ello con una jeringuilla pinchada.

Ha aludido a una reunión, en la que estaban la acusada y varios veterinarios, aunque ha explicado que en ese encuentro "se le dijo que sabíamos lo que estaba haciendo y cómo y yo le dije que tendría que hacerse de forma legal y por un veterinario" y no que quisiesen quedarse con la clínica. "Al día siguiente me dijo que no fuese más a trabajar", ha apuntado.

Otro testigo, también veterinario, ha explicado que vio dos casos, señalando que "presumiblemente se administró menos producto y donde no se debía". Ha señalado que la situación era "un poco grotesca, porque no podíamos pasar a la parte de atrás donde estaban los chillidos de los perros y entonces sabíamos que iban a sacrificarlos, pero no podíamos hacer nada".

Las defensas han planteado la nulidad de todo el proceso por vulneración de derechos, sobre todo a la inviolabilidad del domicilio, pero el fiscal ha respondido que no existe tal nulidad, defendiendo la actuación de la Guardia Civil que no realizó un registro sino inspecciones y la retirada de los animales sacrificados. Ha indicado que la relevancia social "no la causa el Seprona, sino los hechos".

Antes de comenzar el juicio la asociación El Refugio de Madrid ha desplegado una pancarta y su presidente, Nacho Paunero, ha dicho que "hoy es un día feliz porque la presunta exterminadora de Parque Animal la tenemos sentada en el banquillo". "Esperamos que la acusada sea condenada y entre en prisión", ha apuntado, destacando que es un paso adelante en la protección animal".

LA ACUSACIÓN

En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales normalmente sanos.

Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.

Asimismo, según esta acusación, era la acusada la que "bajo el nombre de supuestos veterinarios firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios". También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento "o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses".