Defensa del dueño de Aifos dice que se tardaron "lustros" en atajar la corrupción en Marbella

Letrados de siete acusados coinciden en pedir la absolución y en que no hay evidencias ni elementos objetivos contra sus clientes

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa del que fuera dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, acusado en el caso 'Malaya', ha dicho que no hay evidencias delictivas contra su cliente y ha destacado la importancia del contexto en el que se produjeron los hechos. Así, ha recordado que la corrupción en Marbella (Málaga) "es una realidad que ahora resulta evidente", aunque "lo cierto es que ni la administración central, ni la autonómica quisieron o pudieron atajarla durante lustros".

En su informe final del juicio, expuesto este miércoles ante el Tribunal, ha hecho referencia a las palabras del fiscal y ha considerado que "una sentencia ejemplar que lance un mensaje claro a la sociedad, de justicia y equilibrio en el enjuiciamiento de la corrupción en Marbella es el resultado no solo deseable sino exigible de la causa", aunque ha lamentado que las acusaciones presenten los hechos de forma "simplista".

"La causa se sitúa en un contexto político y social que comprende un fallo pluriorgánico y plurifuncional de nuestro estado constitucional de derecho", ha aseverado y ha estimado que "la ejemplaridad de la sentencia no se debe medir por los decibelios de los aplausos de los medios de comunicación cuando se dicte ni tampoco por el peso de las medallas que se pongan los políticos que se van a vanagloriar sin duda del resultado cualquiera que este sea".

Ha considerado que "la prevención general de la corrupción no puede ser impuesta mediante condenas desproporcionadas ni con la condena de personas inocentes que puedan ser utilizadas como cabezas de turco", sino que esto depende "de un juicio desapasionado, de las acciones de los procesados en el contexto en el que se realizados, sin generalización". Entiende que para que esto no se repita "hace falta que las verdaderas causas se conozcan, incluso judicialmente".

Así, ha incidido en que "se nos presentan los hechos de una forma maniquea, como un debate entre buenos y malos, sin análisis del contexto en el que los hechos se han producido", que, en su opinión, tiene "una influencia decisiva en los acontecimientos". Además, ha considerado que "la política de hechos consumados del Ayuntamiento y la respuesta tardía de la justicia" a los que aludió el fiscal "son dos aspectos que influyen" en la conducta de su patrocinado.

Aludiendo al contexto de "caos y confusión en el urbanismo", ha asegurado, respecto a los supuestos pagos anotados por el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, que las acusaciones dicen "que fueron por todo", añadiendo que "ese todo es que dejaran la empresa en paz y para que no se cometieran arbitrariedades". Ha recordado que su cliente declaró que dio un poder general a otro acusado para pagos, pero al Ayuntamiento.

En estos hechos, ha precisado que ve delito, pero no de cohecho, sino de exacción ilegal por parte del Ayuntamiento "que sin razón alguna obliga a firmar unos convenios y obtiene unas cantidades de forma injustificada", que llevaría a la absolución de su cliente. Ha señalado que las primeras declaraciones incriminatorias fueron para salir de prisión y que las de Roca sobre que asesoró pretenden "desvincularse de la actividad del Ayuntamiento".

En el caso en que se considere que hay delito de cohecho por parte de Ruiz Casado, ha asegurado que en todo caso consistiría "en el intento de obtener un acto no prohibido de que dejen a la empresa trabajar conforme a la ley". Además, ha instado a que en caso de ser condenado, se aplique la atenuante de reparación del daño, porque se dejó sin efecto el convenio; y de derechos fundamentales, por la "sobre exposición mediática".

Al respecto, ha considerado que se produjo un "gravísimo daño" a su patrocinado y a la empresa, que está en concurso de acreedores y que no ha sido llamada a este procedimiento y se debería haber hecho. Asimismo, ha señalado que no se puede pedir ahora la nulidad de los convenios y que el Ayuntamiento de Marbella "tiene que devolver una importante cantidad de dinero" a la empresa por estos acuerdos, algo que, "interesa en ese momento a los acreedores".

OTROS ACUSADOS

Respecto del que fuera director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, quien supuestamente realizó los pagos a Roca, su defensa ha dicho que todo los pagos están justificados, excepto esa cantidad menor de 150.000 euros, de la que su cliente "confiaba era para el Ayuntamiento". Ha apuntado que éste "en ningún momento se ha beneficiado" de las operaciones en las que intervino en nombre de Aifos.

El letrado de otro de los directivos de Aifos, Genaro Briales, ha asegurado que su cliente, a pesar del nombre "rimbombante" del cargo, no tuvo conocimiento en ese momento de los hechos por los que se le ha enjuiciado, por lo que no pudo participar en ellos; y no tenía prevalencia sobre otros directores generales. Además, ha insistido en que no ha quedado acreditado nada al respecto, añadiendo que no tenía competencias en los asuntos en Marbella.

También han expuesto este miércoles las defensas de los promotores procesados Javier Arteche, que ha dicho que hubo un "enriquecimiento injusto" por parte del Ayuntamiento, que vendió "humo", y que la Policía "echó la red e intentó pescar el pez", cuando se debe hacer lo contrario; así como de Tomás Olivo, cuyo letrado ha asegurado que no ha habido prueba de cargo suficiente para romper la presunción de inocencia, combatiendo la acusación contra su patrocinado.

Además, el letrado de este acusado ha dicho que "los hechos no son como los presentan" las acusaciones, que "parten de un profundo error". Así, ha dicho que la Policía, el fiscal y las otras dos acusaciones "no llevan siempre, en todo caso, y por naturaleza la razón". "No piense la sociedad que por el simple hecho de estar sentado en el banquillo se es culpable", ha apostillado, recordando que el Tribunal Constitucional declaró nula la detención de Olivo.

También han expuesto los abogados defensores de otros dos acusados, presuntos testaferros de Roca al ser administradores de algunas de sus sociedades. Para la sesión del lunes está previsto que informen los letrados de varios promotores procesados como son Cristóbal Peñarroya, José Ávila Rojas, Rafael Gómez Sánchez, Manuel Lores y Andrés León Rul.