Empresas de Economía Social piden políticas públicas para el sector inmobiliario y cooperativas para la rehabilitación

La Fundación Innoves elabora un estudio con 50 propuestas y 14 proyectos para impulsar este segmento

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Innoves ha elaborado el informe Inmobiliaria Social, con financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa y el Fondo Social Europeo, del que se derivan 50 propuestas y 14 proyectos piloto como soluciones sostenibles al problema de la vivienda en Andalucía, entre las que se sitúan la necesidad de poner en marcha políticas públicas para el sector inmobiliario y de la construcción, así como el impulso de cooperativas para la rehabilitación integral y la regeneración urbana para mejorar accesibilidad, conservación y eficiencia energética.

La vivienda es un problema para Andalucía: su acceso, financiación, mantenimiento y exceso de oferta afectan a promotores, entidades financieras y también a demandantes. Además, la crisis ha provocado que la compra o el alquiler de viviendas no esté en el interés preferente de las personas, a pesar de ser una necesidad para las familias.

Este informe, presentado este martes por el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el vicepresidente y el gerente de la Fundación Innoves, Antonio Rivero y José Carlos Rodrigo, respectivamente; apuesta por el compromiso institucional con ambos sectores, algo que han agradecido al Gobierno andaluz con el Plan Integral de Construcción Sostenible o el próximo Plan de la Vivienda; por conocer la situación del parque regional de viviendas público-privado y por propiciar un cambio en la concepción de la vivienda, con el desarrollo de modelos cooperativos alternativos.

Así, este estudio aboga por disponer de suelo a bajo coste o nulo además de un cambio social en un país donde ha prevalecido la cultura de la propiedad. La financiación es otro de los problemas a los que se enfrentan las cooperativas, de ahí que se incida en que las administraciones ayuden no sólo a través de créditos o ayudas directas sino con la negociación con entidades financieras para que abran vías de financiación.

Potenciar e incentivar el régimen de alquiler, "con escaso peso" en España; fomentar el mercado de la rehabilitación de edificios residenciales y no residenciales; favorecer las fórmulas de autoconstrucción o autorehabilitación; establecer contactos con la banca ética para codiseñar y financiar proyectos e incorporar modelos de negocio basados en la sostenibilidad son otras de las propuestas lanzadas por Innoves.

Se apuesta igualmente por focalizar el sector cooperativo y de economía social hacia las nuevas necesidades detectadas en la demanda, como generar un tipo de vivienda adaptada a personas mayores de 60 años; a las empresas, lo que ayudaría a dar salida al 'stock' actual de oficinas, locales y suelo industrial andaluz; incentivar iniciativas para satisfacer las necesidades de viviendas de jóvenes y la demanda de espacios para el desarrollo de iniciativas emprendedoras.

Este estudio también plantea que los nuevos modelos de trabajo, como las cooperativas de impulso empresarial, permitirían aflorar economía sumergida, generar empleo y aglutinar a profesionales y autónomos. Según se indica en el informe, tendrían especial impacto las propuestas de las diversas cooperativas para la construcción y tenencia de viviendas, las de rehabilitación, especialmente de promociones sin terminar en manos de la banca, etcétera.

PROYECTOS PILOTO

Este informe, según el gerente de la Fundación Innoves, José Carlos Rodrigo, es el punto de arranque y "una enorme oportunidad" para el sector de la economía social. Así, se plantean 14 proyectos piloto, algunos con experiencia ya contrastada y otros que surgen del nuevo marco legal o de experiencias exitosas en otras zonas.

Rodrigo ha expuesto alguno de los proyectos que se han planteado, como una cooperativa en régimen de cesión de uso senior o para jóvenes, es decir, viviendas o apartamentos individuales promovidos a través de cooperativas por las propias personas que los van a habitar, caracterizadas por espacios comunes en los que se fomentan las relaciones sociales y la convivencia entre inquilinos. En el caso de los mayores es a partir de 60 años y de los jóvenes, de entre 18 y 35 años.

Otro proyecto es una cooperativa de profesionales, es decir, especialistas en vivienda y gestión inmobiliaria que prestan servicios a particulares, administraciones y entes privados en materia de movilización de vivienda vacía, alquiler asequible e intervención socio-residencial; habilitación de un espacio residencial en un campus universitario andaluz para población joven y que incluya servicios para el desarrollo de iniciativas emprendedoras o poner en marcha una plataforma en Internet para divulgar casos de éxito de cooperativas de vivienda de cesión de uso y un georegistro de personas interesadas en este tipo de iniciativas.

La cooperativización del consumo eléctrico a nivel local para familias y empresas, una cooperativa de servicios turísticos para poner en valor el 'stock' de vivienda vacía tanto en la costa como en el interior para destinarla a este segmento; un clúster inmobiliario social para aunar esfuerzos y recursos, un programa de impulso al emprendimiento social en el sector inmobiliario o un 'networking' empresarial con reuniones cortas y mensuales para buscar ideas de negocio son otros de los proyectos que se derivan de este estudio.

Ruiz Espejo ha recalcado el impulso dado por la Junta para la reactivación del sector de la construcción y ha defendido que es un sector "estratégico". "Tenemos que aprender de los errores e ir hacia un enfoque más participativo, con criterios de sostenibilidad y un crecimiento más a largo plazo", ha apostillado.

En este sentido, sobre los proyectos que plantea el citado estudio de la Fundación Innoves, que se enviará a los centros andaluces de emprendedores (CADE), ha afirmado que la Administración "asumirá lo que pueda", teniendo en cuenta que muchos son de organización del propio sector.

El vicepresidente de esta fundación, Antonio Rivero, ha añadido que desde 2008 el sector de la economía social ha destruido "seis puntos menos de puestos de trabajo", destacando su modelo "no basado en la especulación".