La Junta "apercibe" al colegio donde estudiaba el menor transexual pero no retira el concierto

Afirma que, de persistir su postura del uso obligatorio de uniforme, "podrán iniciarse los trámites" de la retirada del convenio educativo

   MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Andalucía mantendrá el concierto educativo al colegio San Patricio de Málaga, de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado, en el que cursaba estudios hasta ahora el menor transexual de siete años que se siente niña, pero lo "apercibe", por lo que "en caso de que persista en su postura --de uso obligatorio del uniforme escolar-- podrán iniciarse los trámites para la retirada del concierto educativo".

   Este acuerdo se ha alcanzado tras la celebración este lunes de la comisión de conciliación, que ha tenido lugar en la sede de la Delegación Provincial de Educación, y en la que todas las partes han firmado un acta de conciliación.

   A resultas de lo tratado en dicha comisión, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga ha apercibido al colegio "por imponer la uniformidad obligatoria". No obstante, la comisión ha establecido que, pese a tratarse de un centro docente sostenido con fondos públicos, su Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge dicha obligatoriedad con carácter general.

   Del mismo modo, la Junta ha recordado que la legislación vigente "especifica taxativamente que los centros no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de éstas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos".

   "En todo caso, se debe poner en conocimiento de la comunidad educativa el acuerdo alcanzado por los consejos escolares, pero en modo alguno se puede exigir su cumplimiento obligatorio, por lo que serán las familias, voluntariamente, las que, tras conocer el acuerdo, obrarán como consideren oportuno", ha incidido la Junta en un comunicado.

   Ante esta situación, tal y como ha detallado el Gobierno regional, el colegio San Patricio "ha aceptado retirar la obligatoriedad de la uniformidad". "No obstante, en el caso de que el centro reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo", ha aclarado el Ejecutivo andaluz.

   Por otra parte, el Gobierno regional ha instado al centro a que, "además del respeto a la libertad de uso del uniforme, se garantice al máximo la convivencia aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio".

EL OBISPADO NIEGA LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE

   Mientras, la Fundación Diocesana, de la que depende el colegio San Patricio, ha explicado que con la firma del acta de conciliación de este lunes "se da fin al procedimiento iniciado por la inspección por lo que no ha habido lugar siquiera a la apertura de un expediente al centro", calificando de "erróneas" las declaraciones del propio consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, cuando informó, el pasado mes de diciembre, de que se iba a iniciar el expediente para retirarle el concierto.

   Asimismo, ha aclarado, en un comunicado, que en el texto del acuerdo se afirma que "con respecto a la posible vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución, por impedir que el menor G.G.S. vistiera uniforme femenino, permitiendo así que se respetase su identidad sexual, la Administración Educativa se somete a las resoluciones adoptadas por el órgano jurisdiccional competente, que acordó en su día el archivo del procedimiento".

   De esta manera, la Fundación ha recordado que la Fiscalía andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual archivó en enero de este año la investigación al centro "al considerar que la actitud del mismo no era constitutiva de delito".

   Sin embargo, tras comunicar el cambio de centro del menor, el abogado de su familia, Oliver Roales, anunció que estaban estudiando iniciar acciones legales contra el colegio, apuntando que el hecho de que se archivara la investigación iniciada por la Fiscalía no suponía un freno en el caso de que se decida, finalmente, llevar a cabo dichas acciones.