Adepa cree que el caso de los hornos almohades prueba que Cultura "confunde lo técnico con lo político"

Actualizado: lunes, 23 noviembre 2009 18:40

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) consideró hoy que el hecho de que la Fiscalía solicite al Juzgado de Instrucción número 20 un peritaje "independiente" de los restos arqueológicos destruidos en la Puerta de Jerez, durante las obras previas a la peatonalización e instalación del tranvía, pone de relieve que la Consejería de Cultura "confunde lo técnico con lo político", recordando que los hechos ya motivaron una sanción por parte de un departamento que "ahora dice que los restos no tenían importancia".

El portavoz de Adepa, Joaquín Egea, dijo a Europa Press que la propia Delegación provincial de la Consejería de Cultura ha incurrido en un "contrasentido" al entregar al juzgado un informe en el que el perito-arqueólogo entiende que los vestigios, cuatro hornos de época almohade, "carecían de valor", porque una valoración del mismo experto sirvió para que la Consejería impusiera a la por entonces Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (Emasesa) una sanción de 24.878 euros.

Mientras la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 un peritaje "imparcial" e "independiente" para comprobar "si los hornos hallados tienen algún valor histórico o arqueológico o si son compartibles las aseveraciones del anterior perito, Joaquín Egea creyó "terrible" que un fiscal "no confíe en la Delegación provincial de la Consejería de Cultura". Al respecto, advirtió de que el caso prueba que el departamento de Bernardo Bueno "confunde lo técnico con lo político" y reclamó la "separación" de estas esferas en el tratamiento del patrimonio histórico.

"Hasta un fiscal se ve obligado a llegar a esta situación", lamentó el portavoz de Adepa, quien además opinó que el asunto pone de manifiesto que la Delegación de la Consejería de Cultura y la Comisión provincial de Patrimonio Histórico están "haciendo un daño terrible a la ciudad" al "apoyar" todo lo relacionado con el PSOE al margen de los criterios técnicos.

LOS HECHOS

Las actuaciones derivan de la denuncia que en su momento formulara la asociación 'Solidaridad del Taxi' contra el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para peatonalizar la Puerta de Jerez y la avenida de la Constitución, si bien los aspectos tratados por el Ministerio Público se reducen sólo a la destrucción de cuatro hornos almohades por la constructora Martín Casillas en el marco de las obras previas que ejecutaba Emasesa para el desvío y la reposición de los servicios públicos afectados.

Visto el informe que ya redactó al respecto un arqueólogo de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura, documento que sirvió de base para imponer una sanción de 24.878 euros a Emasesa como responsable de estos trabajos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción número 20 la práctica de toda una serie de pruebas periciales y testificales al objeto de dilucidar las responsabilidades concretas de la destrucción de estos vestigios históricos, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Los orígenes del caso se remontan al 30 de marzo de 2006, cuando la Delegación de Cultura elaboró un informe de las obras proyectadas en la Puerta de Jerez a partir de la visita de uno de sus arqueólogos especialistas. El informe señalaba que las obras que Martín Casillas ejecutaba por orden de Emasesa en la zona afectaban a "una zona de alto potencial arqueológico" encuadrada en el sector siete 'Catedral' del Conjunto Histórico de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Aunque la Consejería de Cultura había suspendido las obras de Emasesa en la Puerta de Jerez por incumplimientos administrativos en el proyecto, finalmente se permitió reanudar los trabajos entre el 24 y el 15 de abril atendiendo a lo "singular" y la "envergadura" de la obra, aunque ya el 25 de abril tanto la arqueóloga de Martín Casillas como José Manuel Rodríguez Hidalgo constataban la destrucción "fuera de los requerimientos exigidos" y "sin metodología arqueológica" de los cuatro hornos almohades rescatados a 2,3 metros bajo el nivel del suelo.