SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha demandado este viernes que se destinen fondos de los presupuestos a los planes de igualdad de los centros educativos andaluces y, en concreto, que la Consejería de Educación destine una partida propia, acorde a la aprobación realizada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que "permita que el avance en igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad".
En una nota, ha reclamado que, dentro de las políticas contra la violencia de género, se desarrollen programas que eduquen en igualdad de género, y ello no es posible, a su juicio, "si no se cuenta con partidas presupuestaria específicas, unas partidas que en educación son raquíticas y que deben necesariamente mejorarse".
Molina ha precisado que el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en
Educación previsto hasta 2021 debe contemplar los recursos necesarios para el
desarrollo de políticas efectivas a favor de las mujeres, lo que requiere que "la partida de educación sobre este tema se vea igualmente incrementada".
Para CCOO, disponer de planes de igualdad en los centros educativos resulta
"insuficiente" si estos no van acompañados de los recursos económicos necesarios para que el profesorado disponga de carga horaria para su desarrollo, cuente con programas de formación específicos y se desarrollen actuaciones desde distintos ámbitos y que impliquen a las familias.
El sindicato ha indicado que las movilizaciones llevadas a cabo el pasado 8 de marzo y las numerosas manifestaciones que ha recorrido España contra la sentencia de 'La Manada' han evidenciado la exigencia de la población de que se desarrollen políticas efectivas contra la violencia machista.
De esta manera, ha destacado que la demanda social ha obligado al Gobierno de España a incluir finalmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los 200 millones de euros para el desarrollo de planes estratégicos de igualdad, incluyendo la lucha contra la violencia de género, inicialmente comprometidos, y que en una propuesta previa había querido reducir a 80 millones para "así sólo atender las políticas a llevar a cabo desde el Estado, dejando a ayuntamientos y gobiernos autonómicos sin partidas económicas específicas para este tema".