Empresario declara a la juez Núñez que Faffe le garantizaba contratos antes de invitar a otras empresas

Declaran los primeros de los 23 investigados en la pieza separada de Faffe dentro de la causa de los cursos de formación financiados por la Junta

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha tomado declaración este viernes a cinco investigados dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), señalando uno de ellos, Juan Luis Álvarez --socio y director de proyectos de Proyempleo, que la Fundación le garantizaba contratos para llevar a cabos proyectos antes de invitar a otras empresas a concurrir a éstos, empresas que él mismo proponía a veces.

Además de Álvarez, este viernes han declarado, entre otros, Jesús Manzorro, propietario de Proyempleo; Carmen Lozano, ex responsable de garantías de Faffe; y Fernando José Villén, ex director general de la Fundación. Fuentes del caso han señalado a Europa Press que Álvarez ha indicado que su empresa prestaba asistencia técnica sobre proyectos que tenía que realizar la Faffe.

Una vez redactado la estructura de esos proyectos, desde la Faffe le garantizaban los contratos para llevar a cabo esos proyectos, antes incluso de invitar a otras empresar a concurrir a éstos. A veces, incluso, Álvarez proponía las empresas a invitar al procedimiento, según ha añadido en su declaración.

En este sentido, el propietario de Proyempleo, Jesús Manzorro, ha indicado que él le pedía al ex director general de Faffe que le diera "expectativas y garantías" de que le iban a adjudicar los contratos para poder llevar a cabos inversiones previstas, según han señalado fuentes del caso.

Por su parte, Villén ha explicado durante su declaración ante la juez instructora que el sistema permitía la invitación a empresas homologadas para participar en los expedientes de contratación, a través del conocido como procedimiento negociado.

Además, según fuentes del caso han precisado a Europa Press, Villén ha defendido que siempre se ha sometido a la legalidad vigente y no la ha incumplido, añadiendo, igualmente, que "no intervino" en los procedimientos "regulados" de adjudicación de contratos, "sólo firmaba".

Asimismo, el ex director general ha negado que haya invitado a empresas a participar. Según otras fuentes del caso, Villén ha manifestado que recibió "directrices" de miembros del Patronato de la Faffe.

De otro lado, Carmen Lozano, encargada de revisar los expedientes de contratación, ha declarado que ella no tenía nada que ver con las contrataciones ni tampoco controlaba si las empresas cumplían los requisitos de homologación para concurrir a los contratos, sólo si los expedientes cumplían los protocolos marcados para la contratación, como el concurso de más de una empresa.

A PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La juez María Núñez Bolaños, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha citado a declarar a las 23 personas investigadas, comenzando este viernes.

La Fiscalía Anticorrupción realizó todas estas peticiones a la juez en un escrito fechado el 6 de septiembre de 2017 y consultado por Europa Press, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.

A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

Según expone el Ministerio Público, estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.

Al hilo, precisa que, para llevar a cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga.

También alude a otros instrumentos como la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto, o la participación en los procedimientos de contratación de empresas vinculadas.

La Fiscalía concluye igualmente que las actuaciones realizadas en esta investigación "habrían confirmado la existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.