La juez reitera que la teoría del PP-A sobre la "trama política" en los cursos está "desechada"

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación, insiste en un auto en que la teoría sobre "trama política, concierto o asociación ilícita en la administración pública autonómica de Andalucía, mantenida de forma acérrima por el PP-A" en esta causa es "una cuestión instruida, resuelta y desechada" no sólo por este Juzgado sino "en otras resoluciones judiciales dictadas en otros jurisdiccionales".

Así lo señala la magistrada en un auto, con fecha de 22 de enero de 2018 y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima el recurso de reforma del PP-A contra la resolución de la magistrada en la que archivaba la investigación relativa a cuatro ayudas concedidas al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, mientras que se inhibía en favor de los juzgados de Córdoba en relación con otras nuevas ayudas otorgadas por la Delegación Provincial de Empleo.

En su recurso, el PP-A considera que "estamos ante delitos conexos y, en consecuencia, de mantenerse la inhibición a favor de los Juzgados de Córdoba se rompería la continencia de la causa, debiendo mantenerse la investigación unida en una sola causa". Según el PP-A, "para la ilegal obtención de subvenciones y su justificación ha existido un concierto con la administración publica andaluza o, al menos, algunos de sus dirigentes, que han concedido subvenciones sin que se cumplan los requisitos legal y reglamentariamente establecidos en La Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, las normas reguladoras y demás normas de aplicación".

En este punto, la juez señala que "la teoría o idea del concierto, trama o asociación ilícita no es nueva en la fundamentación que esgrime el Partido Popular, ni en los atestados de la UCO". Y recuerda que la presente investigación se inicia en las diligencias previas 966/14, por auto de 7 de marzo de 2014, y con posterioridad en el atestado de la UCO 297/14, de 7 de enero de 2015, se concretan las diferentes 'líneas de investigación': "Entramados empresariales beneficiados con subvenciones de modo injustificado, Consorcios de formación, Faffe, Delphi, y una última quinta que constituyó el objeto exclusivo y excluyente de las citadas diligencias".

En las diligencias 966/14 se investigaba las irregularidades administrativas detectadas por la Cámara de Cuentas y por los interventores tantos en los Informes de Auditoría de Cumplimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), correspondiente al ejercicio 2012 y, en los Informes Especiales de control sobre las Delegaciones Provinciales del SAE relativos a los ejercicios 2009 a 2012.

Esta línea de investigación sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO, considerando que "dichas irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las Delegaciones Provinciales, actuación que beneficiaría a determinadas empresas o entes y que daría lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público".

Establecido el objeto de las diligencias 966/14, según recuerda la juez, se procedió en dichas actuaciones, a examinar y analizar cada una de las irregularidades detectadas, en las diferentes fases de concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, dictándose auto de fecha 11 de octubre de 2016, acordándose el sobreseimiento provisional y archivo de la conocida como pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondo de la Junta, que afectaba a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los exdelegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

En dichas actuaciones se tuvo a ocasión de analizar todas y cada una de las irregularidades detectadas por la UCO para concluir que de las mismas, de su naturaleza y del examen de todas las diligencias instruidas "no se constataba la existencia de trama o concierto previo en la administración publica autonómica".

39 EMPRESAS VINCULADAS CON EL PSOE "NO RESULTA SIGNIFICATIVO"

En este punto y ante la también denunciada por el PP-A en su recurso "falta de documentación" en los expedientes sobre las ayudas a Velasco archivadas, la juez subraya que en el auto de archivo de las diligencias previas 966/14, los interventores aclaran que el hecho de que se haga constar en el Informe Especial que no está una documentación concreta "no quiere decir que no existiera en el momento de su gestión y control previo".

Además, recuerda que en dicho auto de archivo de la pieza 'política' se recogía que "tampoco se ha constatado la existencia de una red clientelar, pues que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas se encuentren 39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE no resulta significativo".

"Atendiendo al número de beneficiarios entre los años 2009 a 2012, no resulta significativo que el PP-A encuentre 38 empresas beneficiarias cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran exmiembros del Gobierno andaluz o del Partido Socialista Obrero Español, o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar", señalaba la juez en el auto de archivo.

"Esta falta de acreditación, más allá de la teoría o hipótesis policial, sostenida también por el PP-A, se constata en la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén en junio de 2017", según indica la magistrada, que en el auto de desestimación del recurso de reforma del PP-A de fecha de 22 de enero de 2018 expone que "esta teoría sobre trama política, concierto o asociación ilícita en la administración pública autonómica de Andalucía, mantenida de forma acérrima por el PP-A es una cuestión instruida, resuelta y desechada, no sólo en este Juzgado, sino también en otras resoluciones judiciales dictadas en otros órganos jurisdiccionales".

Así pues, la magistrada Núñez Bolaños rechaza la consideración alegada del PP-A de que "estamos ante delitos conexos y que, por ende, proceda su acumulación e instrucción en una sola causa".