La Junta defiende que los monitores trabajan "con todas las garantías" y recalca acciones para prevenir incumplimientos

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, ha defendido la labor de supervisión de su departamento en lo que respecta a la contratación y desempeño de trabajo --que asegura se realiza "con todas las garantías" laborales, poniendo el foco al respecto en las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para prevenir incumplimientos-- del colectivo de monitores para la atención a las necesidades educativas especiales.

Gaya ha respondido de esta manera a una pregunta planteada en el Pleno de la Cámara por el diputado de Podemos Jesús de Manuel, que instaba a la Junta a informar sobre las acciones desarrolladas por la administración para dar cumplimiento a una proposición no de ley aprobada por el Parlamento hace más de un año, por unanimidad, para luchar contra la precariedad laboral de este colectivo.

De esta forma, la consejera ha cifrado en 1.024 las personas que, contratadas por la Agencia Pública de Educación, prestan un servicio que la administración "gestiona, contrata y supervisa desde lo público, aunque no haya relación laboral directa con la Junta".

En este sentido, añade, los pliegos "hacen mucho hincapié" en la obligación de cumplir la normativa laboral y respetar todas las estipulaciones del convenio, incluyendo la subrogación de trabajadores cuando se produce un cambio de adjudicatario o una actuación penalizadora cuando se producen incumplimientos, pudiéndose llegar a la resolución del contrato.

Ya el año pasado se puso en marcha una aplicación informática para solicitar telemáticamente a las empresas la documentación, a fin de ver si se encuentran al día en este apartado, explica Gaya, que también ha recordado que desde 2015 se ha incluido en convocatoria general pública un total de 1.000 plazas para la atención a necesidades educativas especiales, de las cuales sólo se han cubierto 180. El resto ha quedado desierto por no cumplir los aspirantes los requisitos, lo que habla de que la Junta "da respuesta a la acreditación de competencias".

Frente a ello, De Manuel ha hecho hincapié en que la situación de estas profesionales --varias de las cuales fueron llamadas al orden y posteriormente desalojadas del Pleno en el transcurso de la pregunta-- "no mejora" y que "por desgracia tiene más que ver con la norma que con una excepción en lo que son las subcontrataciones de la Junta".

Así, el diputado de Podemos incide en el "agravio comparativo" entre "los que disfrutan de trabajos en la Junta y los de la subcontrata", que sufren "pérdidas de derechos" al trabajar por un salario "que es la mitad del de otros trabajadores" y que a pesar de que su dedicación es completa trabaja por horas, sin reconocimiento de antigüedad ni disfrute de vacaciones.