Actualizado: jueves, 14 septiembre 2017 13:26

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha enmarcado en el cumplimiento de las sentencias judiciales al respecto las actuales problemáticas derivadas de las condiciones laborales en las que desempeñan su labor un grupo de monitores escolares que ejerce su trabajo en calidad de discontinuos, dado que los propios fallos establecen que estos trabajadores debían pasar a formar parte del organigrama de la Junta "en las mismas condiciones en que estaban contratados en sus empresas, pero con todos los derechos de estar acogidos al convenio de personal laboral de la Junta y un empleo de calidad y estabilidad".

Así se ha manifestado la consejera del ramo, Sonia Gaya, a pregunta del Grupo de Podemos en el Pleno del Parlamento andaluz sobre la situación de este colectivo. Sobre uno de estos aspectos concretos de precariedad, no obstante, la administración sí ha asegurado que intentará actuar, dando celeridad al proceso burocrático para que estos trabajadores estén dados de alta lo antes posible --al llegar mediados de septiembre, periodo de cierre de nóminas, este paso aún no se ha cumplido en muchas ocasiones-- y, por tanto, puedan cobrar sus sueldos con inmediatez desde el inicio del curso.

Gaya ha recalcado que estos monitores --el 95 por ciento de los cuales son mujeres-- ejercen unas labores fundamentalmente administrativas integrados desde hace años en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta, "con todos sus derechos", si bien las diferentes situaciones laborales, pues unos están a tiempo completo y otros son fijos discontinuos, no son "caprichosas", sino que obedecen a las reseñadas sentencias y a que la Junta se allanó para que todos gozaran de los mismos derechos.

"Lo que hemos hecho es acatar escrupulosamente las sentencias" respecto a un colectivo de 427 trabajadores, ha insistido la consejera de Educación, que encuadra estas plazas en una RPT que posteriormente ha sufrido incrementos cuantitativos, con 205 nuevas plazas y otras 43 en tramitación para centros de nueva creación.

De su lado, la parlamentaria de Podemos Libertad Benítez ha desgranado las dificultades de estas empleadas, que no trabajan durante julio y agosto y que completan su actividad con otras "porque la jornada de ocho, doce y veinte horas no da para mucho". Además, durante el tiempo de paro no pueden acceder a formación y a veces tienen obstáculos para cobrar la prestación del desempleo, amén de la pérdida de antigüedad y experiencia laboral.

Por ello, ha instado a la Junta, "un gobierno que representa a más de ocho millones", a iniciar el proceso de "dignificación de los puestos de trabajo", dado que el de estas personas "no es un empleo digno y de calidad".

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