El Parlamento convalida el decreto de renta mínima sin votos en contra

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz, reunida este miércoles, ha convalidado el decreto ley aprobado por la Junta el pasado mes de diciembre que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que ha sido respaldada por el PSOE-A y Ciudadanos y ante la que el PP-A, Podemos Andalucía e IULV-CA. Asimismo, en otra votación, el PSOE-A y Cs han rechazado tramitar dicho decreto como proyecto de Ley, como pedían el PP-A, Podemos e IU.

Así se ha acordado en la Diputación Permanente, el órgano encargado de velar por la actividad de la Cámara autonómica en los periodos inhábiles, que ha comenzado su reunión guardando un minuto de silencio por la muerte del diputado andaluz del PP-A Antonio Garrido el pasado lunes.

Para posicionar al PP-A, la diputada Ana Vanessa García ha sostenido que este decreto ley demuestra que el PSOE-A "no cree ni sus propias promesas ni cree en la Renta Mínima", toda vez que ha considerado que desde que el Estatuto de Andalucía lo recogió como un derecho, los socialistas "dan bandazos con este asunto". Además, ha criticado que el Gobierno andaluz alegue urgencia para presentar este decreto ley "y no lo haya presentado hace dos o tres años".

Del mismo modo, ha considerado "una falta de respeto" al Parlamento que se presente un decreto para regular la Renta Mínima pues, como ha recordado, se constituyó en la pasada legislatura un grupo de trabajo para abordar este asunto y ahora todo su trabajo "se tira a la papelera". El PP-A ha defendido que este decreto debe tramitarse como proyecto de ley, a la par que ha considerado que supone una modificación del Salario Social de 1999, "que además trae un recorte en la cuantía que se cobra cada mes".

Carmen Lizárraga, portavoz adjunta de Podemos Andalucía, ha lamentado que la cuantía de la Renta Mínima no alcance los 600 millones "como piden organizaciones como Save Children", lo que permitiría "cubrir las necesidades de los andaluces que se quedan fuera del decreto". Tras defender que esto sería posible "sin los pactos fiscales regresivos acordados entre el PSOE-A y Cs", la diputada ha abogado por una reforma estructural en Andalucía y tramitar este decreto como proyecto de ley para mejorarlo.

Por Cs, la parlamentaria Marta Bosquet ha explicado que su grupo parlamentario ve justificado este decreto por las consecuencias de la crisis económica y "por la falta de posibilidades de converger que tiene Andalucía con el resto de comunidades". De esta manera, y entendiendo que el decreto servirá para luchar contra la pobreza y la desigualdad, ha explicado que Cs "no ve un gasto en el decreto sino una inversión social para las presentes y las futuras generaciones".

Por último, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido que la convalidación de este decreto debe ir acompañado de su tramitación como proyecto de ley porque "un decreto ley está justificado por la urgencia, pero con un proyecto de ley se mejorarían las carencias que tiene, tanto procedimientales como económicas". Así, ha advertido que actualmente "solo beneficiará a 42.500 familias cuando lo necesitan más de 150.000 andaluces" o porque rechaza que "el silencio administrativo se conciba como negativo", entre otras cuestiones.

Por último, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido que la Renta Mínima que recoge este decreto "es un gran avance" y sitúa en un papel importante a Andalucía en términos sociales. Así las cosas, ha reprochado a los grupos de la oposición que no reconozcan que el Gobierno andaluz ha hecho con este decreto "algo bueno", toda vez que cree que "no tienen argumentos" para no respaldar el decreto y ha defendido la dotación económica del mismo.

Ha resaltado el diálogo del PSOE-A y del Gobierno andaluz con organizaciones sociales, y que ha tenido el cuenta el trabajo del grupo de trabajo que se constituyó en el Parlamento andaluz, así como ha explicado que tras su convalidación "el decreto tendrá rango de ley", después de que el PP-A, Podemos e IU hayan reclamado su tramitación como proyecto de ley.

RENTA MÍNIMA

De su lado, según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, las previsiones de la Junta recogen que esta prestación beneficiará cada año a más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).

Su implantación desde el 1 de enero cuenta con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para 2018-2021, y así la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se incorpora como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

La misma consistirá en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del actual IMS. Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.

Ha añadido que el nuevo modelo, que supone un "avance importantísimo" a la hora de atender a las personas con especiales dificultades, da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad.

Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Podrán beneficiarse también las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se exigirá a las personas apátridas o refugiadas, las sin hogar, las extuteladas por la Junta en el año anterior; las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentren en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales.

Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), concretamente, el importe equivale al 78 por ciento de este indicador en la fecha de la solicitud. El porcentaje se incrementará un 10% por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la solicitante, hasta un máximo del 125% del Iprem.

Este límite podrá sobrepasarse hasta el 145% en los supuestos de unidades familiares integradas por seis o más miembros con tres o más menores a su cargo, las familias monomarentales o monoparentales o cuando haya personas con discapacidad igual o superior al 33%, sin derecho a otro tipo de prestación.