El Parlamento pide por unanimidad mejoras en empleo y formación del personal de la enseñanza concertada

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves por unanimidad instar al Consejo de Gobierno a favorecer, mediante la correspondiente negociación con los sindicatos y organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza concertada, la aprobación de un acuerdo autonómico que contemple medidas destinadas a la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente que presta servicios en dicho sector en relación a la jubilación parcial anticipada y la renovación de plantillas, así como a la formación del profesorado.

Así lo ha acordado al aprobar, parcialmente, dos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por el PP-A para la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente de la educación concertada en Andalucía, de la que también han salido adelante otros puntos con los apoyos de Podemos, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA. En cambio, PSOE-A, Podemos e IU han tumbado otros tres puntos de la iniciativa.

En concreto, ha aunado la unanimidad del Pleno la idea de que el referido acuerdo contemple como mejoras para el personal la jubilación parcial anticipada e incentivación de la celebración de contratos de relevo, que contemple al menos el 50 por ciento de la jornada, facilitando la renovación de plantillas y la creación y mantenimiento de empleo.

También se ha acordado por unanimidad solicitar la potenciación de la formación del profesorado de la enseñanza concertada a través de su participación en las actuaciones formativas del Plan de Formación del Profesorado, tal y como establece el decreto 93/2013 que regula el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Con los apoyos de PP-A, Podemos, Cs e IU, el Parlamento ha acordado solicitar que el acuerdo que se reclama para mejorar las condiciones del personal que presta servicios en la concertada contemple garantías y financiación de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, contemplada en el VI convenio colectivo, con el compromiso de abonarla al personal incluido en el pago delegado y pago directo que acredite 25 años de servicio, y el correspondiente calendario de abono.

También, que el referido acuerdo contemple la concreción y mejora del período de acumulación de horas por lactancia, de manera que la hora diaria de lactancia se pueda acumular al permiso de maternidad y/o paternidad hasta los 30 días naturales en jornadas completas, abonando la Consejería de Educación los correspondientes costes de sustitución, en pago delegado.

Con los mismos apoyos, el Parlamento también ha acordado proponer que el acuerdo contemple un complemento autonómico de analogía retributiva para el personal de administración y servicios, similar al que ya existe en más de una decena de comunidades autónomas.

SITUACIONES DE "DISCRIMINACIÓN"

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Marifran Carazo ha argumentado que históricamente el profesorado de los centros educativos concertados "ha venido sufriendo situaciones de discriminación y desigualdad sociolaboral respecto al profesorado de los centros públicos, no solo en materia de retribuciones sino en otras condiciones sociolaborales, pese a prestar su trabajo en el mismo servicio público educativo".

Por ello, ha señalado que la homologación salarial y la equiparación de las condiciones de trabajo "han sido una constante reivindicación sindical".

"La recuperación de la situación económica y las perspectivas de crecimiento continuado en los próximos ejercicios nos sitúan en un momento adecuado para plantear la recuperación de derechos y la negociación de nuevas y justas mejoras sociolaborales para este colectivo", ha incidido Carazo.

PSOE-A DEFIENDE EL "CLARO COMPROMISO" DEL GOBIERNO ANDALUZ

En el turno de los grupos ha intervenido, en nombre del PSOE-A, la diputada Adela Segura, quien ha reprochado a la parlamentaria del PP-A su "memoria selectiva" al no aludir en su intervención a los recortes aplicados por el Gobierno de Rajoy en educación, al tiempo que ha hecho mención a la "voluntad firme" del Ejecutivo andaluz, puesta de manifiesto el año pasado por la consejera de Educación, para "restituir las pagas extra del año 2012 al profesorado de la concertada".

En esa línea, ha pedido al PP-A que "no falsee la realidad", porque "hay un claro compromiso del Gobierno andaluz con los trabajadores del sistema educativo sostenido con fondos públicos", según ha aseverado.

Para posicionar a Podemos ha subido a la tribuna la parlamentaria Libertad Benítez, quien ha compartido la idea de que existe "discriminación" laboral entre los docentes de la escuela concertada en relación a los de la red pública, si bien ha señalado que el "origen" de esa discriminación hay que buscarlo en "la existencia de un modelo segregado por sí, que es la escuela privada concertada, que es prácticamente inexistente en Europa". Además, ha negado la "credibilidad" del PP en esta materia habida cuenta de los "recortes" aplicados desde el Gobierno central en la escuela pública, de los que "se ha beneficiado la patronal de la concertada", según ha agregado.

En representación de Ciudadanos (Cs), la diputada Marta Escrivá ha apuntado que su partido "siempre va a estar de la mano de los empleados de la concertada" y a favor de "la libertad de los padres en la elección de centros" escolares, por lo que va a estar "de acuerdo con muchas de las propuestas" tratadas en la iniciativa. Además, ha advertido de que los "avances" que se están dando en España en esta materia van "en dos velocidades", y como ejemplo ha señalado que, en Baleares, sus docentes "llevan ya dos años cobrando sexenios por formación".

Finalmente, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado la "hipocresía" del PP al abanderar esta PNL cuando es el partido que, desde 2012, "ha recortado en educación como nunca" en España, y se opuso a la tramitación de la proposición de ley defendida recientemente por la federación de izquierdas y Podemos en el Pleno del Parlamento andaluz para "blindar" la educación pública con una inversión mínima equivalente al cinco por ciento del PIB, algo que, según ha argumentado, permitiría "igualar las condiciones laborales" en el sector.