El SAF rechaza que el anteproyecto de Ley de Agricultura "ampara el empeño de potestades por el personal laboral"

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha rechazado que el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería "da amparo legal al desempeño de potestades administrativas por parte de personal laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), procedente de la denominada 'administración paralela'".

En una nota, el SAF ha informado que el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía incluye una disposición adicional tercera "que atribuye el desempeño de potestades administrativas, propias del personal funcionario, a personal laboral de la Agencia Agapa, específicamente 'las actuaciones materiales de comprobación del cumplimiento de los requisitos para la percepción de las ayudas de la Política Agraria Común, incluido el control de la condicionalidad'".

Ha indicado que la disposición "parece justificarse en la normativa comunitaria pero en ningún momento admite la posibilidad de que el personal laboral realice dichas funciones sino que es la legislación de cada Estado miembro quien lo determina, aunque lo que sí se matiza es la naturaleza de las funciones a realizar, de inspección y control".

"Es evidente el paralelismo que encontramos con otra situación que está siendo objeto de instrucción penal desde el Juzgado número 6 de Sevilla, por el desempeño de tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución de cursos de Formación Profesional por parte de personal laboral o externo --con varios altos cargos investigados por la posible existencia de delito de usurpación de potestades públicas, malversación de caudales públicos y prevaricación--", ha añadido el sindicato.

Ha apuntado que "si bien las funciones presuntamente usurpadas se realizaban, en aquel caso, en el marco del control de los Cursos de Formación, con subvenciones del FSE (Fondo Social Europeo), aquí se realizan también controles sobre el terreno, en el marco de las ayudas de la PAC (FEGA y Feader), actuaciones que dan lugar a un acta o informe de control que puede llevar aparejada la aplicación de sanciones administrativas de retirada de las ayudas y que, en definitiva, deben ser realizadas por personal funcionario, lo que puede suponer una nueva comisión de los ilícitos penales mencionados".

El SAF ha recordado que la Agapa "cuenta con personal laboral subrogado de la extinta Empresa de Desarrollo Agrario y Pesquero, Sociedad Anónima (Dapsa), un total de 1.699 trabajadores de los cuales 1.524 desempeñan labores técnicas, a pesar de la existencia de cuerpos funcionariales (Cuerpo A1.2002, de Ingeniería Agrónoma, A1.2012 Veterinaria y A2.2002 de Ingeniería Técnica Agrícola)".

Estos cuerpos "son los únicos legitimados para el desempeño de las potestades administrativas enumeradas y únicos en los que recaen las notas de imparcialidad y objetividad, por imperativo constitucional".

"La conclusión no parece ser otra que la de dotar de funciones al personal de la Agencia procedente de la denominada 'administración paralela', para justificar su mantenimiento dentro de la misma, en detrimento del personal funcionario, cada vez más escaso en la Administración y cuya situación ya hemos denunciado desde el SAF en diversas ocasiones, especialmente en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), ha añadido.

"Donde mayor volumen de caudales públicos son gestionados desde la Administración General es donde falta más personal funcionario que se encargue de velar por la legalidad en todos los trámites y es donde existen más efectivos de personal laboral subrogado --personal procedente de la extinta Faffe, Dapsa o FASS-- que desempeñan sus funciones desde las agencias (SAE, Agapa o ASSD)".

Ha recordado que en España "todas las comunidades autónomas realizan las potestades desde los servicios u órganos propios de las consejerías, siendo Andalucía la única en que se realizan con la intermediación 'ejecutora' de una entidad instrumental (Agapa)".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha puesto estos hechos en conocimiento de la Administración y del Gobierno autonómico para que "procedan a la inmediata retirada de dicha Disposición Adicional y, caso de que el personal laboral de la Agencia esté desempeñando en la actualidad las tareas enumeradas, dicten instrucciones para que cesen en las mismas".