Sanz se reúne con Apartsur para abordar las condiciones de seguridad en los apartamentos turísticos en Andalucía

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, acompañado de expertos policiales, ha mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Apartsur), Hilario Echevarría, en el que se han analizado las condiciones de seguridad en que se desarrolla el alquiler de viviendas y apartamentos turísticos en la comunidad autónoma, así como las actuaciones de control y vigilancia policial que se realizan y las características del actual marco regulatorio.

Durante el encuentro, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía, se han detallado las medidas en vigor para identificar a los visitantes y garantizar la seguridad en las operaciones de alquiler que se realizan a través de las plataformas digitales en el emergente mercado de los apartamentos turísticos, entre ellas la obligatoriedad de exigir los documentos de identidad o pasaportes de cada uno de los visitantes y ponerlos a disposición de la Policía Nacional.

Igualmente se han analizado las posibles mejoras del actual marco regulatorio para evitar que se realicen intercambios o alquileres de apartamentos al margen del control policial, tanto para garantizar la seguridad general como en beneficio de los propios arrendatarios.

Cabe recordar, a este respecto, que el Ministerio del Interior anunció recientemente, tras la última reunión del Pacto Antiyihadista, que se va a proponer también la obligación de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje.

Los asistentes a la reunión han coincidido en la importancia de que los propietarios de apartamentos turísticos conozcan sus obligaciones, entre ellas la necesidad de regularizarse, tanto en favor de la seguridad colectiva como de la propia, al tiempo que han recordado que quienes incumplan la normativa se exponen a sanciones policiales de hasta 30.000 euros, al margen de las que pueda adoptar la comunidad autónoma en el ejercicio de sus propias competencias.