Sospechan que la Junta no ingresó a la menor de Úbeda en un centro por "temor a equivocarse"

Denunciarán "al centro escolar, a los servicios de orientación educativa --dependientes de Educación-- y a Bienestar Social si no rectifican"

JAÉN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los padres de la menor de once años de Úbeda (Jaén) cuya custodia ha sido devuelta a sus progenitores tras retirársela la Junta en febrero, ante indicios de estar siendo maltratada, han indicado su sospecha de que la Administración no ingresó a la niña en un centro de protección de menores por "temor a equivocarse", a pesar de que existía una resolución dictada en el expediente de desamparo.

En el informe de la Consejería de Salud y Bienestar Social, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que con fecha 11 de febrero de 2013 la Delegación Territorial de dicha área "acuerda el inicio del procedimiento de desamparo y tomando las medidas provisionales del desamparo y constitución del acogimiento residencial en el Centro de Protección de Menores San Rafael y San José de la Montaña de Andújar".

Asumía de esta forma la Junta "la tutela legal de la menor, en virtud de las facultades que otorga el decreto 42/2002, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, en relación con la L.O. 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor".

El letrado de los padres, Luis Fernando Salido, "no se explica por qué la Junta adoptó una resolución para internar a la menor en el centro que ni cumplió ni revocó", pues fue su tío el que se quedó con la tutela. Para el abogado, esta resolución "quedó escondida ante la duda de la Junta de haber podido equivocarse" en la decisión de retirar la tutela a los progenitores, toda vez que la pediatra que la exploró "apreció lesiones de forma apresurada", entre ellas, "lesiones alargadas como de rascado" pero no evidentes de maltrato.

Asimismo, Salido ha querido aclarar, después de que la Junta asegurara este lunes que actuó de acuerdo a la decisión del juez, que éste "tiene competencia para investigar el delito y tomar medidas cautelares, pero en este caso no para declarar a la menor en situación de abandono". Así, el juez "no pedía que se ingresara a la niña en un centro", ya que esa es "una competencia de la Consejería de Salud y Bienestar Social", ha precisado.

De esta forma, considera que la Administración andaluza "debe pedir disculpas si se ha equivocado", pues, de lo contrario, "si pasa el tiempo y no pide disculpas a los padres éstos van a emitir una denuncia". El letrado ha instado a que el Ejecutivo se dirija a los progenitores para preguntarles "qué necesita la niña, como puede ser un psicólogo que le ayude a remontar la situación que ha vivido al estar alejada de ellos durante tres meses". "La única justificación que ha dado es que atendió al juez".

Así las cosas, ha precisado que los afectados se han planteado denunciar "a quienes propiciaron que la actuación llegara a los juzgados", es decir, "al centro escolar --porque tomó la determinación de denunciar--, a los servicios de orientación educativa -- ente dependiente de la Consejería de Educación-- y a la Consejería de Salud y Bienestar Social".

Al respecto, ha apuntado que "no cree que el profesor que alertó de lo que parecía un maltrato así como el director del centro estuvieran de verdad tan preocupados por la niña porque en vez de acusar directamente a los padres al creer que la habían quemado con cigarros deberían haber hablado con otros profesores o con el propio pediatra" previamente.