MADRID/SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de ONO pidieron hoy al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que adopte las "medidas legales correspondientes" para evitar que se lleve a cabo el expediente de regulación de empleo (ERE) previsto por el operador de cable y que supondría el despido de 1.300 empleados, es decir, un 30 por ciento de la plantilla, de los que unos 120 serían andaluces.
Así figura en la carta que cinco portavoces de los delegados sindicales de la compañía han entregado en la sede del Ministerio de Trabajo e Inmigración tras la celebración de una concentración a la que han acudido entre 500 y 600 representantes sindicales, de los que más de una treintena son andaluces, según los convocantes.
En la misiva, consensuada por UGT, CCOO, CGT, STC y APLI, los empleados de la compañía expresan su rechazo "total y absoluto" al ERE previsto por la compañía y critican que la empresa no haya cumplido con el compromiso adquirido tras la fusión de Auna y Tenaria de no iniciar ningún proceso de regulación de empleo hasta octubre de 2009.
Durante la concentración, el coordinador estatal de UGT en ONO, José Luis López, no descartó ningún tipo de acción si el ERE sigue adelante, y recordó que los sindicatos tienen previsto celebrar paros de cuatro horas los días 20, 21 y 24 de este mes, así como dos huelgas de 24 horas durante los días 2 y 9 de diciembre.
Por su parte, el miembro de la ejecutiva de CC.OO. en ONO Francisco Navarro aseguró que no hay causas "objetivas" que justifiquen el despido de 1.300 trabajadores y descartó los motivos económicos como detonante del ERE porque, en su opinión, los resultados de la compañía correspondientes al último trimestre arrojarán beneficios.
Preguntado por la reciente destitución del presidente de ONO, Eugenio Galdón, el secretario general de la Federación de Transportes y Comunicaciones de UGT, Miguel Ángel Cillero, que también estuvo presente en la manifestación, aseguró que este cambio se ha producido "en el peor momento", y que la nueva dirección, encabezada por José María Castellano, tampoco ofrece ninguna garantía a los trabajadores.
Cillero reconoció que los trabajadores tendrán que "hacer esfuerzos" para llegar a un acuerdo con la compañía, pero descartó que vayan a conformarse con la actual cifra de despidos contemplada en el ERE.
"Pedimos también garantías para la gente que se queda, con un plan de viabilidad, una participación en los beneficios, un convenio colectivo, y no nos vale que sea de palabra", añadió.