La acusada de la mayor estafa inmobiliaria en Jaén firmó lo que decía su marido

JAÉN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Marta C.P., responsable de la inmobiliaria que supuestamente estafó a más de 200 personas con una promoción ficticia de viviendas ha declarado ante el tribunal que la juzga en el Audiencia de Jaén que ella firmaba todo lo que le decía su marido porque "confiaba plenamente en él", pero ha rechazado durante su declaración haber cogido dinero o haber firmado contratos de reservas ya que de todo eso se encargaba su marido y también acusado en este proceso.

   "Por desgracia confiaba en él, era mi marido y el padre de mis hijos, ¿cómo iba a pensar que él iba a querer algo malo para mí o para sus hijos?, ha dicho la acusada en su declaración. Asimismo, ha añadido que "hasta hace dos años todavía pensaba que era inocente", después comenzó "a tirar del hilo" y vio que le "había estado engañando", que le había mentido.

   Por su parte, el otro acusado, Manuel Jesús C.C., actualmente en prisión por otros delitos de estafa no relacionados con esta causa y por haber sido detenido tras dictar orden de búsqueda y captura, ha recusado a su abogado al inicio del juicio y ha rechazado prestar declaración ante el tribunal aduciendo una y otra vez que se están vulnerando sus derechos y que Marta C.P., ahora su exmujer, "no tendría que estar aquí sentada porque ella no firmó nunca nada".

   El tercer acusado por esta causa no ha comparecido como acusado ya que finalmente ha sido exonerado por determinar que no tenía implicación en los hechos denunciados.

   Los dos acusados se enfrentan a una pena de seis años de cárcel que es lo que inicialmente solicita el Ministerio Fiscal para este caso en el que hay más de 200 personas afectadas a las que les estafaron más de 300.000 euros. Las acusaciones particulares elevan esta petición de penas hasta los ocho años de prisión para cada uno de los dos acusados por un delito continuado de estafa.

   Se trata de la estafa inmobiliaria de mayor tamaño perpetrada en la ciudad de Jaén donde numerosas familias y particulares vieron como a lo largo de 2009 se volatilizaban sus entregas a cuenta a una inmobiliaria para hacer realidad su sueño de contar con una vivienda en una zona inigualable de la ciudad.

   Los presuntos responsables de la estafa y que se han sentado en el banquillo de los acusados son el matrimonio formado por Manuel Jesús C.C., de 40 años, y Marta C.P., de 37 años, que promovió la promoción de casas unifamiliares bajo el nombre de 'Ciudad La Yedra. Los acusados anunciaron la promoción sobre unos terrenos que ni tan siquiera eran de su propiedad y para los que no habían hecho ninguna gestión previa de compra con los propietarios de los mismos.

   Es por esto por lo que Fiscalía entiende que el único fin de los acusados era "dar apariencia de verdad" a una operación con la que sólo buscaba "obtener un beneficio patrimonial sin contraprestación de clase alguna", argumentos que comparten las dos acusaciones particulares representadas en la causa en representación de los afectados.

   Los acusados publicitaron la promoción y fueron cientos de personas las que se pusieron en contacto con la inmobiliaria. Concertadas las entrevistas, los acusados les informaban del proyecto e incluso en algunas ocasiones se trasladaban hasta los terrenos para enseñárselos a los potenciales clientes, muchos de ellos jóvenes parejas que tenían previsto casarse a medio plaza y que buscaban su primera vivienda.

   Los acusados también les mostraban los planos de situación y los proyectos en plano de construcción para que vieran la calidad y viabilidad del trabajo, todo ello con las miras puestas en convencerles de que adquirieran las viviendas proyectadas.

   Finalmente fueron unas 200 personas las que suscribieron el contrato tipo para "reserva prioritaria en la elección de vivienda" que era suscrito en algunas ocasiones por Manuel Jesús C.C., en calidad de administrador de 'Gestión del Suelo Estudio de Urbanismo Ahillos', o por su esposa y también acusada como gerente, aunque ella ha negado en el juicio haber firmado contratos de reserva. La suscripción de este contrato conllevaba el desembolso de 1.500 euros que todos los afectados depositaron bien en la oficina donde firmaron o en diversas entidades bancarias.

    Una vez hecho el desembolso para la adquisición de las viviendas, cuyos precios oscilaban entre los 210.000 y los 150.000 euros, los acusados comunicaban a los compradores que no tendrían que realizar gestión alguna hasta que el Ayuntamiento de Jaén les concediese la la licencia para el proyecto en su totalidad ya que sólo contaban con una licencia parcial. Asimismo, advertían a los compradores que las gestiones con la Gerencia de Urbanismo podrían sufrir algún retraso.

   Para tranquilidad de los compradores, los acusados recogían en el contrato tipo que en el caso de que la promoción no saliera adelante, la gestora se comprometía a "la total devolución en los plazos establecidos mediante pagaré nominativo o transferencia bancaria".

   Finalmente, los compradores tras reclamarles en innumerables ocasiones que cumplieran lo pactado, acabaron acudiendo a Urbanismo donde les informaron que sobre los terrenos en cuestión no había proyectada ninguna urbanización puesto que estaban situados en una zona clasificada como no urbanizable protegido por interés agrario.

   Con esta información, los perjudicados comenzaron a interponer denuncias en la Policía Nacional con fecha de 3 de septiembre de 2009 para reclamar la devolución de los importes abonados e impedir que los acusados siguieran vendiendo la promoción.

   En la vista también han declarado el gerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén, Rafael Cabrera, que ha rechazado conocer al acusado y haber mantenido contactos en relación con los terrenos donde se pretendía levantar la promoción.