UGT y CCOO continúan con su campaña para pedir la suspensión de la pena para los condenados por un piquete

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT continúan la campaña para que partidos e instituciones se sumen a la campaña en apoyo de Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, por su actuación durante un piquete informativo durante la huelga del pasado 29 de marzo.

Este martes se ha instalado en el edificio de los sindicatos en Granada una pancarta que pide la libertad para estos dos ciudadanos, "que deberían haber sido absueltos" ya que, según consideran, su "único delito" fue pelear por los derechos laborales de todos los trabajadores.

Para UGT y CCOO, este tipo de sentencias, "políticas y de carácter ideológico", no son "un caso aislado", sino que "forman parte de una estrategia para criminalizar a los movimientos sociales y sindicales", y advierten de que "por mucho que quieran, la sociedad civil organizada no se va a amedrentar".

De hecho, CCOO y UGT, a través de sus organismos confederales, han remitido una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, en la que denuncian el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga y en los que el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad excesivas y desproporcionadas proponiendo condenas, que en algunos casos, superan los tres años de prisión, a pesar de que en general, no existen fenómenos de violencia, ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos consideran que se está utilizando como agravante de responsabilidad penal el ejercicio del derecho a la huelga y reclaman que se preserve el derecho fundamental de libertad sindical y de huelga, éste último, "parte esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas que rigen nuestro Estado Social y de derecho".

Por último, UGT y CCOO consideran "que cuando se trata de protección del Derecho al Trabajo contra ataques a las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, no se actúa con el mismo celo". Por ello, exigen "el fin del acoso del estado a los derechos fundamentales de la ciudadanía".