Los administradores de fincas colegiados rechazan el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe), cuyo vicepresidente es Rafael del Olmo, a su vez presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, ha rechazado el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, y en base a este acuerdo y dentro del plazo de audiencia pública abierto, ha comunicado, tanto al Ministerio de Economía y Competitividad como al de Fomento, en varias reuniones mantenidas con representantes de estos organismos públicos, su 'no' más rotundo a dicho anteproyecto, al considerar que "lesiona, y muy gravemente, los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho reconocido en la Constitución Española".

En una nota, los administradores han indicado que miles de alegaciones realizadas a título particular respaldan las que oficialmente han presentado los colegios de administradores de fincas.

Advierte de que "si la profesión de administrador de fincas colegiado quedase, finalmente, sin colegiación obligatoria, las consecuencias conducirían, inexorablemente, a no lograr el crecimiento previsto por el Gobierno en el sector inmobiliario, al débil crecimiento del empleo acompañado de una pérdida de puestos de trabajo en el sector profesional de la Administración de Fincas".

Además, advierte de que "no se implantarían o se implantarían sin garantías profesionales, las normativas aprobadas por el Gobierno, con lo que los edificios estarían peor gestionados y peor mantenidos, lo que llevaría a un descenso de la actividad del sector, con impacto negativo en el PIB".

Los administradores consideran que el anteproyecto de Ley "desregulará el único segmento del sector inmobiliario que ha conseguido pervivir a la crisis, generando más de 15.000 empleos directos, 86.000 empleos vinculados a la actividad, que generan 2.635 millones de euros para la economía española, siendo el volumen económico gestionado anualmente por los Administradores de Fincas Colegiados de 40.000 millones de euros".

En varias reuniones mantenidas con el Gobierno, los administradores de fincas Colegiados "han expuesto las razones por las que la profesión ha de seguir siendo colegiada", por lo que consideran que "de mantenerse así en el Anteproyecto, se produciría una gran desprotección de los consumidores y usuarios en materia de vivienda".

El Cgcafe considera que "el sistema colegial en España no supone ningún tipo de trabas a la competencia. Al revés, es el que más seguridad ofrece, actualmente, de todos los países europeos a consumidores y usuarios, porque sus garantías y sus controles permiten a los profesionales prestar sus servicios en un mercado totalmente libre y con una regulación adecuada a las exigencias europeas".