Aguayo defiende la reorganización del sector público y dice que la "verdadera intención de PP es echar gente a la calle"

La consejera garantiza que no hay pérdida de derechos, pero se muestra abierta a "modificar" el decreto si hay "algún fleco no bien recogido"

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha garantizado que el decreto de reorganización del sector público andaluz impulsado por su departamento no plantea "pérdida de derechos" ni "reducción de puestos de trabajo" y ha criticado que el presidente del PP-A, Javier Arenas, recurra a la "manipulación" para ocultar que "la verdadera intención del PP es echar gente a la calle".

Martínez Aguayo se ha pronunciado de este modo durante una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press en referencia a las declaraciones de Arenas durante su intervención en un mitin en Linares (Jaén) en las que acusó a la Junta de "intentar construir una administración paralela que impida la realidad de un cambio de gobierno" en Andalucía.

"Con esta manipulación Arenas pone de manifiesto sus intenciones. Lo que él ha dicho es que estamos estabilizando empleo porque queremos dejarle todos los puestos ocupados para que ellos no puedan gobernar. Pero la verdadera intención del PP es echar gente a la calle, eso es lo que el querría, que la redistribución y la reorganización no tuviera claridad, querría deshacerse de la mitad de los funcionarios, como están haciendo en el Reino Unido y otros países donde gobiernan partidos más de su manera de entender la política", ha señalado la titular de Administración Pública.

Martínez Aguayo ha indicado que el objetivo de la nueva ordenación del sector público andaluz no es otro que "tener una administración más austera y más eficiente", lo que exige "eliminar duplicidades para dar mayor agilidad en el servicio a la ciudadanía", pero ha querido dejar claro que todo ello se formula sin "pérdida de derechos" ni "reducción de puestos de trabajo".

"AQUÍ NO SE TOCAN DERECHOS DE NADIE"

"En ningún caso con esta ordenación se pretende ni que el personal laboral porque lo diga un decreto pase a ser funcionario ni tampoco que el personal laboral que ya tiene puesto de personal laboral fijo desaparezca o se vaya. Cada uno es lo que es y con lo que es queda en su sitio. Nada se modifica en ese sentido", ha explicado la consejera, que ha precisado que "todos los movimientos son voluntarios y no hay ninguna obligación de pasar necesariamente de un sitio a otro". "Aquí no se tocan derechos de nadie", ha recalcado.

En cualquier caso, Martínez Aguayo ha apuntado que, "si en el decreto, que es verdad que ha tenido un tiempo --de tramitación-- un poco más corto del habitual, hay algún fleco no bien recogido estoy abierta a considerarlo y a modificarlo porque la voluntad es que haya una administración más eficiente, que podamos encontrar los huecos de mejora viendo todos los organismos que tienen una función similar desde la unidad de mando correspondiente, pero sin tocar derechos de nadie".

"No está en mi mente, porque además no sería ni legal ni posible, que nadie pierda derechos ni pase a ser funcionario como efecto de una reorganización administrativa. No tiene sentido y no se va a hacer. No podría ser así, es imposible", ha recalcado la consejera, que ha lamentado la "manipulación que se está haciendo" sobre el decreto por parte de la oposición.

"ELEMENTO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL"

En este sentido, Martínez Aguayo ha resaltado que la Junta considera el empleo público como un "elemento de consolidación fiscal", por lo que ha pedido que "no espere nadie reducción de puestos de trabajo". "Nosotros no estamos echando a nadie a la calle ni estamos afectando a derechos. Sería tanto como desmantelar los servicios públicos y nada más lejos de la voluntad de la Junta de Andalucía", ha insistido.

Por último, la consejera ha señalado que la reorganización del sector público andaluz será "un proceso largo en el tiempo", en el que la Junta desea tener "aclarada" para el mes de enero la "cadena de mando" en la fusión de empresas públicas, mientras que la "integración concreta del personal y cómo se reordena el trabajo debe ser objeto de negociación en cada ente en un proceso de diálogo abierto con los representantes sindicales".