El Ayuntamiento debate con los colegios profesionales las alegaciones a la ordenanza de Actividades

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Encarnación Martínez (PSOE), se ha reunido hoy con representantes de los colegios de Arquitectos, de Ingenieros Técnicos y de Arquitectos Técnicos y Aparejadores para llegar a un consenso respecto a las alegaciones presentadas por dichos colegios profesionales a la nueva ordenanza de Actividades, destinada a regular la concesión e inspección de licencias de apertura.

Martínez ha asegurado en un comunicado que "esta delegación ha realizado una ronda de contactos con los colectivos que han presentado sus alegaciones para así llegar a un acuerdo y conseguir que esta ordenanza, por su importancia, represente a todos los que van a verse influidos por la misma".

Además, ha añadido que, "el gobierno municipal ha trabajado junto a todos los colectivos afectados por la citada ordenanza, tanto colegios profesionales, como sindicatos, asociaciones de vecinos, de consumidores y usuarios, así como miembros de las asociaciones hosteleras de Sevilla".

"Una vez transcurrido el periodo de alegaciones, desde la Delegación de Medio Ambiente nos comprometimos a estudiarlas a conciencia, y por ello nos hemos querido reunir con todos los colegios profesionales, así como con la CES y la Cámara de Comercio", ha afirmado Martínez.

Martínez también ha querido destacar que "la ciudad de Sevilla, gracias a su gobierno de progreso, va a ser la primera gran ciudad de España en implantar una Ordenanza de Actividades que ya está adaptada a la Ley Ómnibus". A lo que ha añadido que "esta norma agilizará muy notablemente la tramitación de las licencias de apertura que se soliciten en Sevilla, tanto es así que un 70 por ciento se concederán de forma automática".

Martínez ha destacado también la importancia del Plan de Choque puesto en marcha por Medio Ambiente "ya que con él se está fomentando la actividad económica y la riqueza de la ciudad, aumentando las garantías y la protección a los ciudadanos frente a aquellas actividades que no se ciñan a las condiciones recogidas en sus licencias.