CCOO pide que al cerrar consorcios no se elimine empleo, SAF lo apoya, UGT lo rechaza y CSIF ve la "ineficacia" de Junta

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha pedido que con la supresión de 95 consorcios de la Junta, anunciada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "no se elimine ningún empleo", mientras que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera "normal" dichas supresiones y esperan que sean "reales y efectivas", mientras que CSIF lamenta la "ineficacia" de la Junta, ya que "ha tardado dos años en culminar dicho proceso" y UGT rechaza dichos cierres, donde la Junta "ha incumplido lo comprometido".

Fuentes de CCOO han indicado a Europa Press que ha rechazado esta decisión, pues esa supresión de consorcios supone "una reducción de los servicios públicos y del empleo".

Asimismo, consideran que estas organizaciones "a pesar de que han sido muy criticadas, han demostrado su labor e importancia en catástrofes naturales como los recientes incendios".

Por ello, demandan que los empleados no sean suprimidos y se muestra partidario de "mancomunar servicios, algo posible" aunque rechaza que "se puedan reducir empleos".

Por su parte, fuentes de SAF ven "normal" esa reducción de consorcios, toda vez que "supone el cumplimiento de la ley", y espera que sirva para "conseguir el objetivo de desinflar a la administración paralela".

"Si la Junta va en la senda de acabar con la administración paralela, nos tendrá de su parte", han agregado las fuentes, quienes piden que esa reducción "sea real y efectiva no solo sean palabras", tras lo que advierten de que serán "vigilantes" con dicho cumplimiento, "que hasta ahora ha sido cero".

Asimismo, rechazan aquellos puestos de trabajo procedentes de la administración paralela, pero consideran que "aquella prestación de servicios que la Junta considere necesarias deben sacarse en la oferta de empleo público". "No es justo que se exijan muchos requisitos para los empleados públicos y haya otros que, mediante triquiñuelas legales entren por la puerta de atrás", han aseverado fuentes del SAF.

Por su parte, fuentes de CSIF ha indicado a Europa Press que "la reordenación del sector público contempla la supresión de 111 entidades instrumentales, incluidas las 95 UTEDLT y esa supresión no era realmente un ahorro en administración paralela".

Ha recordado que la administración paralela "supone mas de 350 entidades instrumentales, por lo que no parece que con la supresión de 111 entidades se pueda conseguir el objetivo de ahorro y cumplir el déficit público; no sabemos donde está realmente la reducción y austeridad".

Asimismo, lamenta que "a dos años de ese decretazo sigue estando pendiente esa extinción de consorcios", algo que "es constatación del fracaso de la reordenación del sector público andaluz , se ha engañado al ciudadano y al compromiso de reducir el déficit público; no hay nada nuevo y solo se muestra la ineficacia de la Junta, que dos años después no ha culminado la reducción, de forma que en el mejor de los casos ha suprimido 16 entidades".

Por su parte, fuentes de FSP UGT-A consideran a Europa Press que "lo peor no es que se vayan a extinguir los consorcios, sino que ya están en la calle estos trabajadores, unas 800 personas".

Ha precisado que en la reordenación "se establecía que esa supresión culminaba con la extinción de las instituciones y la subrogación del personal de esos consorcios en las agencias, pero en la práctica primero ha habido un despido colectivo de casi 800 personas y ahora solo falta liquidar la figura jurídica".

UGT reconoce que el Gobierno central "acortó el grifo de la financiación y dejó de mandar dinero a la Junta, que a pesar de dar una prórroga de tres meses, finalmente no ha podido seguir y ha echando a la gente a la calle", por lo que el sindicado considera que la Junta "ha incumplido la Ley de Reordenación, que contemplaba que se liquidaran los consorcios y se reubicaran a sus trabajadores en las agencias".

VALORACIÓN DE USTEA

Por su parte, Ustea ha muestra su más enérgico rechazo a la Ley 3/2012, que suponen" una agresión sin precedentes contra los empleados públicos", puesto que "además de los injustos recortes económicos, suponen una pérdida de derechos conquistados desde la recuperación de la democracia y recogidos en la Carta Magna".

Ustea lamenta "la vulneración de la Ley de Libertad Sindical y el Derecho a la Negociación recogido en la Constitución; la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación en su vertiente relativa a las condiciones de trabajo" y lamenta la aprobación de la Ley 3/2012 por el Parlamento "sin haber tenido en cuenta las comparecencias parlamentarias de los agentes sociales del mes de julio, en donde se exponían una serie de medidas de ahorro y austeridad que evitarían estas afrentas al sector público".

Lamenta que "además de la reducción de la paga extraordinaria de diciembre para 2012 aprobado por el gobierno central, a los empleados públicos de Andalucía se les anuncia para 2013 la supresión de la paga adicional, que complementaba desde 2007 el 100% de la retribución mensual, siendo una disposición restrictiva de los derechos, algo vetado por la Constitución Española, es el último atentado a la pérdida de poder adquisitivo de los servidores públicos, que ya alcanza el 30% a lo largo de la historia presupuestaria".