Chamizo cree que las "demoras en todas las fases de la Ley" son "injustificables y defraudan expectativas"

Habla de retrasos de entre 4 y 6 meses para el reconocimiento de la dependencia y de entre 9 y 12 meses para la aprobación del PIA

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha afirmado que las "demoras" que se producen en "todas" las fases de aplicación de la Ley de la Dependencia tres años después de su entrada en vigor son "injustificables y defraudan todas las expectativas puestas en la normativa por los ciudadanos".

Así, en el informe realizado por la institución a raíz de la evolución del desarrollo de la Ley de la Dependencia durante el pasado año 2009, Chamizo destaca la numerosa cantidad de quejas recibidas por parte los ciudadanos en lo relativo, sobre todo, a dos cuestiones relacionadas: las "demoras" en la respuesta de la administración y la pérdida del derecho y a la retroactividad de las prestaciones cuando el dependiente fallece en el curso de estos procedimientos "demorados".

De este modo, según recoge el informe consultado por Europa Press, las demoras alcanzan "todas y cada una de las fases del procedimiento: el correspondiente al reconocimiento de la situación de dependencia, a la aprobación del Plan Individual de Atención (PIA)y la resolución de los recursos de alzada que se plantean contra las resoluciones del PIA".

Según concluye Chamizo de los datos ofrecidos por el propio Imserso, si bien Andalucía se sitúa en la mayoría de los parámetros en posiciones "más favorables" a las medias nacionales, no ocurre lo mismo en este particular, pues existen tiempos de espera para el reconocimiento de la situación de dependencia de entre 4 y 6 meses, demoras de entre 9 y 12 meses para la aprobación de los PIA y superiores a los seis meses para los recursos de alzada frente a las resoluciones de los PIA.

Estos plazos contrastan, tal y como advierte, con los tres meses establecidos por ley para cada una de las fases descritas.

Además, el Defensor llama la atención sobre el hecho de que estas demoras, especialmente en la fase de la aprobación del PIA, vienen dando lugar a que "muchas de las personas dependientes fallezcan en el curso de estos procedimientos", sobre todo, personas con grandes dependencias derivadas de graves enfermedades crónicas, lo que da lugar a que la Administración archive el expediente.

A este respecto, defiende la retroactividad de los derechos en los supuestos en los que la persona dependiente fallezca con anterioridad a la aprobación del PIA por causa de las demoras administrativas, a tenor del principio jurisprudencial que determina que la Administración "no puede verse beneficiada por el incumplimiento de sus obligaciones de resolver expresamente en plazo las solicitudes de los ciudadanos".

Además, el Defensor es partidario de que la retroactividad no sólo se aplique en el caso de las ayudas económicas, sino que también tenga efecto cuando se trate de servicios tales como una residencia o unidad de estancia diurna, por ejemplo, ya que la propia normativa no establece "ningún trato diferenciado".

Ante esta situación, recuerda a los afectados y familiares que insten la exigencia de responsabilidad patrimonial derivada de estas demoras, especialmente cuando de las mismas se concluye con la pérdida de los derechos a que hubiera podido acceder la persona dependiente de haberle sido aprobado el PIA en vida de este.

MAPA DE RECURSOS "INSUFICIENTE"

Asimismo, Chamizo resalta que ante volumen de demanda de los servicios y prestaciones ofrecidos por la Ley, "que ha sorprendido hasta a los más previsores", los recursos existentes resultan "insuficientes". A ello, se suma, según señala, las "bajas intensidades del servicio de ayuda a domicilio y a la rigurosidad de las incompatibilidades entre prestaciones y servicios".

Así, apunta que, frente a las más de 370.000 solicitudes que había acumuladas a final de 2009, los recursos disponibles se concretan en cerca de 50.000 plazas en residencias y estancias diurnas para personas mayores --el 51% financiadas por la Junta de Andalucía; y unas 18.000 plazas para personas con discapacidad --el 75% financiadas por la Junta--.

Según considera, es este "déficit" el que explica el "excesivo protagonismo" que vienen representando las prestaciones económicas, especialmente la concerniente a los cuidados familiares que, contra lo que establece la ley, se ha convertido en la "protagonista principal del sistema" de la Dependencia.

Otros aspectos "pendientes" que aún tienen que desarrollarse por parte de las administraciones, según el Defensor, son la "falta de desarrollo" de la prevención y promoción de la autonomía de las personas dependientes --prácticamente solo en la letra de la ley--; la incorporación de criterios de calidad en las prestaciones y servicios del sistema; así como establecimiento de un sistema mas flexible de compatibilidades de las prestaciones.

Asimismo, apuesta por el establecimiento de un nivel de renta superior en cuanto a la participación del beneficiario en el coste del servicio --el copago actualmente se determina a partir del equivalente al IPREM-- y recuerda que hay que asegurar la transparencia de la financiación del sistema, que se encuentra pendiente de una investigación del Tribunal de Cuentas.