Chamizo pide en una queja de oficio a la Junta acciones de tutela hacia colectivos con hipotecas con cláusulas suelo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha emitido una queja de oficio donde pide a las autoridades de consumo acciones de tutela y protección para los colectivos que posean contratos de hipotecas con cláusula suelo, que considera "abusivas".

El Defensor ha decidido iniciar de oficio expediente de queja a los efectos de trasladar esta problemática a la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía e interesar de la misma que "ejerza medidas de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias afectadas por la aplicación de cláusulas suelo abusivas en sus contratos de hipoteca".

Según la queja, consultada por Europa Press, el Defensor recibe muchas quejas debido a que la hipoteca que tienen concertada cuenta con la denominada 'cláusula suelo'.

Estos afectados denuncian el "abuso" que suponen al no poderse beneficiar de las bajadas de los tipos de interés y tener que abonar mensualmente "una cantidad excesiva en comparación con lo que abonarían de aplicárseles el tipo de referencia actual", para lo cual aportan cálculos que "ponen de manifiesto el pago de unas cantidades elevadas a favor de las entidades financieras o de crédito desde que comenzaron las bajadas de tipos a partir del año 2009".

Según las quejas recibidas, con la incorporación de esta cláusula, la variabilidad del tipo de interés pretendida en el contrato "desaparece para convertir al préstamo en la práctica en una operación a interés fijo que se utiliza para lograr un incremento artificial del tipo de interés ante las tendencias bajistas del mercado hipotecario, en perjuicio de sus intereses como consumidores y correlativa ganancia de la entidad prestamista".

En el documento, el Defensor precisa que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España "viene manifestando su consideración de que excede de sus competencias el pronunciarse acerca del carácter abusivo o no de las cláusulas suelo, por lo que no existe un posicionamiento oficial de dicho organismo sobre la denunciada falta de proporcionalidad entre los límites mínimo y máximo --cláusula suelo-techo-- o sobre su falta de reciprocidad (cuando sólo se fija un tipo mínimo)".

El Defensor considera que la actuación del Banco de España "de poco sirve a quienes pretenden la nulidad de las cláusulas suelo o la aplicación de tipos de interés más bajos y ajustados a su situación económica actual".

Recuerda que muchos afectados se han dirigido a sus respectivas entidades financieras planteando la posibilidad de eliminar la cláusula suelo, al menos como solución a las dificultades que enfrentan para el abono puntual de las cuotas, "encontrándose con una respuesta negativa que ni satisface sus pretensiones, ni permite ofrecer una solución a sus dificultades de pago".

Chamizo reconoce que los pronunciamientos judiciales en la materia "vienen siendo contradictorios, por cuanto algunas decisiones judiciales han sido favorables a los intereses de los denunciantes pero otras han dado la razón a las entidades financieras que habían sido denunciadas".

De esta forma, tomando en consideración que "no existe aun un pronunciamiento judicial definitivo que zanje el debate abierto en torno a esta cuestión y que no es previsible que el mismo se produzca a corto plazo", un número significativo de personas se han dirigido al Defensor solicitándole su intervención ya que estiman "injustificado" tener que "seguir sufriendo las consecuencias de unas cláusulas que consideran injustas y abusivas".

Estas personas, aún conociendo que podían acudir a los juzgados y tribunales para reclamar el amparo de sus derechos, argumentan "los costes y dificultades" de esta vía para justificar su petición ante el Defensor, y exponen que han agotado sin resultado todas las vías de negociación posibles con las entidades financieras y no han encontrado el "amparo" necesario en las instancias administrativas que deberían proteger sus derechos como consumidores.

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONSUMO

En este sentido, el Defensor andaluz ha señalado que ha tramitado algunas quejas en las que se denuncia la "falta de repuesta administrativa" a las reclamaciones formuladas ante el correspondiente servicio provincial de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

A este respecto, esta institución entiende que "con independencia del pronunciamiento que puedan realizar los tribunales, no cabe olvidar que las personas afectadas por dichas cláusulas tienen la condición de consumidores en su relación con las entidades financieras, por lo que las Administraciones que ostentan competencias de tutela de los derechos de las personas consumidoras debieran valorar la conveniencia de intervenir en relación con las denuncias planteadas por el posible carácter abusivo de las cláusulas suelo".

El Defensor entiende que dicha actuación "debiera dirigirse a la protección de los derechos de los consumidores afectados, propugnando en su caso la anulación de las cláusulas que se estimen abusivas e interesando la indemnización y reparación efectiva de los perjuicios producidos como consecuencia de la aplicación de dichas cláusulas".

Considera que "debe atenderse a la situación de desventaja que se plantea entre las entidades financieras y quienes suscribieron sus contratos de hipoteca con las mismas, y como consecuencia de tal desventaja, las condiciones del préstamo hipotecario que ofrecían las entidades financieras o de crédito no eran negociables, convirtiéndose su firma en un mero acto de adhesión, en muchos casos, sin que el firmante tenga pleno conocimiento de todas sus implicaciones".

"Estamos hablando de personas y familias que como consecuencia de la crisis económica se ven actualmente imposibilitadas de hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias y podrían por ello verse inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria que conllevaran la pérdida de sus hogares; un riesgo que desaparecería o se minoraría si las entidades financieras aceptasen dejar de aplicar las cláusulas suelo y devolver las cantidades cobradas en exceso", agrega la queja.