Una concentración en el Parlamento pide retomar los pagos a cinco prejubilados de Mercasevilla de 2003

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una "treintena" de personas se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía para exigir que se retomen los pagos a unos cinco extrabajadores prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 de la sociedad mixta Mercasevilla, ya que asegura permanencen sin cobrar "desde hace 16 meses".

En este sentido, uno de los afectados Pedro Viruez ha indicado a Europa Press que la Junta de Andalucía le dio "orden" a Generali de que no les abonara las cuantías que asegura le corresponden al encontrar "discordancias admistrativas", a pesar de que el colectivo subraya que todos los acogidos eran mayores de 50 años. "Sólo pedimos que se reconozcan nuestros derechos", añade.

Durante la jornada, en la que han estado acompañados de sus familiares, han estado repartiendo folletos en los que se explicaba que llevan "16 meses sin cobrar", ya que "según la Junta de Andalucía somos irregulares", aunque asegura que cuentan con documentación que "demuestra lo contrario", siendo "gente trabajadora que ha sido engañada".

Así, insiste en la "mala situación" por la que están atravesando para subsistir, advirtiendo de que incluso "a muchos nos van a quitar hasta la vivienda", mientras que la Junta "da la callada por respuesta".

Cabe recordar que estos cinco prejubilados vieron hace meses cómo la Consejería de Empleo suspendía sus nóminas al figurar sus prejubilaciones entre las "discordancias administrativas" detectadas en la investigación interna realizada por la Junta en paralelo a las indagaciones de la juez Mercedes Alaya, que desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla investiga una presunta trama de falsas prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo financiados con fondos autonómicos.

En concreto, la Junta de Andalucía, en el marco de la revisión general de las prejubilaciones financiadas con cargo a los fondos autonómicos, habría detectado posibles irregularidades administrativas en estas cinco prejubilaciones al no contar sus beneficiarios con 50 años de edad en 2003, si bien el comité de empresa alega otra cronología para el procedimiento.