SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El número de condenas por delito de atentado tras agresiones a los profesionales sanitarios se ha incrementado en un 86 por ciento desde 2009, siendo 21 los fallos del tipo alcanzados el pasado año, según ha detallado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz.
Montero se ha referido así a uno de los principales datos extraídos del Plan andaluz de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales Sanitarios. Sólo en 2012, ha valorado las 245 asistencias letradas registradas, con un total de 201 sentencias condenatorias, 21 de ellas por atentado.
"Esto supone que las condenas por delito de atentado se han incrementado en un 86 por ciento desde 2009, cuando se registraron tres", ha recalcado Montero, quien ha recordado que fue en 2007 cuando se iniciaron conversaciones y reuniones con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las que se le trasladó la necesidad de que este tipo de conductas agresivas se condenaran como delito de atentado hacia un funcionario de la Administración pública.
"Desde entonces, los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto, aumentándose sensiblemente el número de condenas de este tipo durante los últimos años", ha ensalzado Montero, para quien la prevención de estas agresiones hacia los profesionales "ha sido siempre, y seguirá siendo, una prioridad de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
Al efecto, ha anunciado que el SAS está trabajando actualmente en la modificación del registro de agresiones a profesionales para proponer medidas de seguridad acordes a la problemática que presenta cada centro. Para ello, se está ampliando la información que se recoge en dicho registro.
El Plan de Prevención de Agresiones establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una situación de violencia. Para ello, el SAS realiza una labor de difusión y formación de los profesionales.
Tanto es así que se desarrollan actividades formativas que abordan, desde posibles herramientas para promover el respeto mutuo entre profesionales y los usuarios, hasta la capacidad de los profesionales para realizar y recibir una crítica, dar una mala noticia y manejar el estrés, entre otras.
Para hacer más accesible este tipo de formación, desde 2008 está disponible de forma on line en la web del SAS. Más de 40.000 profesionales han hecho uso de ella.
Asimismo, el plan incluye la puesta en marcha de medidas de seguridad activa y pasiva en los centros y ofrece asistencia jurídica y psicológica a los profesionales afectados, quienes, además, podrán ser trasladados a otro centro para garantizar un desarrollo de su actividad normalizado.
INVERSIÓN
Montero ha detallado que el SAS ha invertido en los últimos años más de 160 millones de euros en la implantación de dispositivos tecnológicos que garantizan un contexto más seguro de trabajo. Así, ha aludido a los más de 2.000 timbres antipánico; 1.446 interfonos; 1.559 teléfonos directos con seguridad; 555 salidas alternativas y 1.191 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos. Además, ya se han implantado en Andalucía 3.500 botones antipánicos.
Se trata de una clave de seguridad que se activa en el teclado del ordenador y que permite dar aviso inmediato frente a situaciones conflictivas. Los dispositivos sanitarios móviles, por su parte, cuenta con GPS en ambulancias (66 en total) y con timbres para avisar de una posible incidencia (24). Asimismo, hay en torno a 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios cada año, un servicio cuya contratación se ha mantenido estable en el tiempo.
NÚMERO DE AGRESIONES
El registro, alimentado por las 36 Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros asistenciales del SAS, permite identificar la causa que origina el acto violento, la distribución de las mismas entre primaria y hospitalaria, y las categorías profesionales que más situaciones de este tipo sufren.
Desde que en 2005 naciese este registro se han contabilizado un total de 1.734 agresiones, de las que 214 tuvieron lugar en 2012. La distribución sobre el nivel asistencial en el que habitualmente tienen lugar este tipo de actos violentos es el siguiente: 52 por ciento en Atención Primaria (donde se realiza el 65 por ciento de la actividad asistencial) y 48 por ciento en hospitalaria.
Prácticamente el 80 por ciento de los episodios se produce contra personal sanitario y el 20 por ciento contra personal no sanitario. Dentro del personal sanitario, el de enfermería es el que registra mayor número de agresiones, y los celadores entre los no sanitarios.