El sindicato protesta este jueves en el Parlamento contra el decreto de reordenación y participará en una "macromanifestación"
SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIF-A se mostró dispuesto a negociar "desde cero" con la Junta de Andalucía sobre el decreto ley de reordenación de la Junta, pero "siempre que se suspenda cautelarmente su entrada en vigor", aunque dejó claro que "por el momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial" para abordar dicha reforma.
Fuentes del sindicato, que sigue propugnando la derogación del decreto ley y que mantiene sus protestas, previstas para este jueves y este sábado, felicitaron a la Junta porque "se ha dado cuenta del error cometido al dictar un decreto ley sin la negociación oportuna" y aplaudieron las palabras de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "al expresar de forma clara que un acuerdo no puede modificar un decreto".
Las fuentes indicaron a Europa Press que el sindicato "deja la puerta abierta a la negociación, pero partiendo de cero y nunca utilizando como base una imposición legal como es el decreto ley y un acuerdo con CCOO y UGT al que nosotros restamos legitimidad, sino desde la legalidad establecida en cualquier negociación sobre el empleo público".
Por ello, consideraron que, tras el "primer paso" mostrado por la Junta "al cesar el secretario general de Función Pública", un paso considerado por CSIF como "insuficiente", este sindicato exigirá ", dado que dicen que no se va a retirar el decreto ley, que vía Ley de Acompañamiento de Presupuestos se deje sin efecto la entrada en vigor de ese decreto ley, prevista para el 1 de enero de 2011, con lo que se suspendería la eficacia de dicha norma y no entraría en vigor".
Asimismo, defendieron la "independencia, profesionalidad y el carácter negociador de CSIF, que nunca cierra las puertas a ningún tipo de negociación", tras lo que advirtieron de que "si la Junta piensa empezar a negociar sobre la base del decreto ley y del acuerdo suscrito con CCOO y UGT fuera de los cauces negociadores marcados por el Estatuto Básico del Empleado Público, CSIF dirá que no".
"No vamos a ir a ninguna negociación sobre la base de algo que ya está impuesto, sino que iremos como se acude a cualquier negociación, con las manos limpias y bajo el principio de buena fe negocial", aseveraron las fuentes, que además exigirán que en la Ley de Acompañamiento "además la Junta exprese su postura de negociar cualquier cuestión relativa al empleo público con los representantes sindicales de la mesa sectorial de la Administración General de la Junta, elegidos en las elecciones sindicales".
Consideraron que "en temas de empleo público no nos puede seguir robando la legitimidad y si quieren negociar, que lo hagan desde cero con los órganos legítimos, celebrando las reuniones que hagan falta".
Por otro lado, el sindicato CSIF-A se concentrará este jueves ante el Parlamento andaluz para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público y participará este próximo sábado en una "macromanifestación" junto a otros sindicatos y asociaciones de funcionarios en contra de dicha reordenación.
Fuentes sindicales indicaron a Europa Press que "nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial" para abordar el decreto ley de reordenación, por lo que mantienen todas sus protestas, de forma que este jueves repartirán octavillas para pedir la derogación del decreto ley y en contra de los "recortes salariales" en la función pública.
Asimismo, el 13 de noviembre celebrarán por las calles de Sevilla una "macromanifestación", donde participan CSIF, Ustea, y asociaciones de funcionarios y empleados públicos como la Plataforma de Torretriana, Plataforma de Igualdad, Plataforma Agua, Asociación de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación en Defensa del Servicio Público, Asociación Tercer Lado y Federación Agentes de Medio Ambiente.
CSIF ha criticado este miércoles en rueda de prensa la "nefasta política de personal y el incumplimiento de los acuerdos firmados tanto por parte del Gobierno, como por el de la comunidad autónoma".
Este sindicato dejó claro que "los empleados públicos no son los culpables de la crisis, son otros y desde luego claramente los políticos en el poder, que primero prometieron el pleno empleo para la presente legislatura, después no quisieron enterarse de ella y ahora quieren que la paguemos casi en su totalidad y realicemos el mayor esfuerzo los empleados públicos yendo a lo fácil: mediante los abusivos e inconstitucionales recortes salariales, y otras medidas perjudiciales que no podemos admitir".
Para CSIF-A, "se pueden adoptar otras muchas medidas para paliar la crisis, y las viene reclamando desde hace mucho tiempo, como son la reducción de altos cargos, eliminar los despilfarros de la Administración en gastos superfluos, reducir y en algún caso suprimir asesores de estos políticos".
Esta central lamentó que la Junta "está tratando de blanquear la 'Administración Paralela' que ha venido montando en los últimos 30 años a costa del erario público, mediante el decreto ley de reordenación del sector público andaluz", del que CSIF-A exige su "derogación inmediata".
Asimismo, ha rechazado los "recortes salariales de 2010 a los empleados públicos; la congelación salarial y a los nuevos recortes previstos para 2011, cuando habrá recortes añadidos al cinco por ciento anunciado" y ha expresado su oposición a la "actitud intransigente y negativa de la Junta de Andalucía al no negociar en las mesas competentes los asuntos de los empleados públicos andaluces".