La cuestión del Sáhara mantiene dividida a la Eurocámara ante el nuevo acuerdo de pesca con Marruecos

BRUSELAS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Pesca del Parlamento Europeo se ha mostrado este jueves dividida sobre el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea cuya ratificación deberá votar en noviembre, entre los grupos mayoritarios que ven "mejoras" en su rentabilidad económica y sostenibilidad social y medioambiental y otras formaciones, en especial Los Verdes e Izquierda Unitaria, que piden que sea rechazado de nuevo porque dudan de que respete los derechos de la población del Sáhara occidental.

El coste para las arcas comunitarias de este pacto y las dudas sobre las garantías de pesca sostenible y de cumplimiento del derecho internacional, en referencia a la situación de la excolonia española, llevó a la Eurocámara a tumbar un acuerdo previo a finales de 2011 y exigir una nueva negociación.

En un debate parlamentario, el Ejecutivo comunitario y la ponente del informe sobre la cuestión en la comisión de Pesca, la 'popular' española Carmen Fraga, han defendido que el nuevo pacto pendiente de ratificación "mejora" las condiciones para ambas partes. Lo acordado es "viable social, política y medioambientalmente" hablando y sus beneficios "redundan en las poblaciones locales", según un experto comunitario.

"Creo que los tres elementos clave para votar en contra se han subsanado con el nuevo protocolo", ha declarado por su parte Carmen Fraga, tras repasar elementos como la cláusula que permitiría suspender el convenio por vulneración de Derechos Humanos y la introducción de un sistema de intercambio electrónico para un mejor control de la actividad pesquera.

Fraga considera que las dudas respecto al impacto en la política sectorial local y sobre el derecho internacional quedan también resueltas por la "obligación" que asume Rabat de informar "periódicamente" de los beneficios e inversiones que permitirá el acuerdo y de "su distribución geográfica".

Sin embargo, desde el grupo de Los Verdes se han escuchado críticas a Marruecos por no permitir a los eurodiputados viajar a territorio saharaui para examinar su situación 'in situ' y han reclamado a Bruselas garantías de cómo verificará el cumplimiento de la salvaguarda de DDHH.

En este sentido, Raül Romeva (ICV) ha criticado la "vaguedad" de las exigencias en cuanto al ámbito geográfico y ha dejado claro que no considera solventada la situación del Sáhara occidental, porque "la exclusión de sus aguas no es real". Tampoco ha considerado que se hayan producido mejoras en los requisitos de Derechos Humanos porque, ha dicho, lo dispuesto en el nuevo pacto no cambia las referencias que ya había en el anterior.

El eurodiputado liberal finlandés Nils Torvalos, por su parte, ha recordado que países como Estados Unidos "siempre descartan de sus acuerdos el Sáhara occidental" como ejemplo de solución a la disputa, y ha apoyado la petición de Los Verdes para que los servicios jurídicos se pronuncien formalmente sobre el nuevo protocolo. Mientras que el portugués Joao Ferreira, de Izquierda Unitaria, ha considerado que el nuevo régimen sigue siendo "ilegal" porque Bruselas "no ha cambiado lo que tenía que cambiar" para excluir las aguas que reclama la excolonia española.

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD PESQUERA

Frente a estas exposiciones, el socialista portugués Luis Manuel Capoulas Santos ha dicho que sería un "camino erróneo y tortuoso" pretender buscar una solución al conflicto del Sáhara desde una comisión de pesca, y ha subrayado la "mejoría" en la rentabilidad el acuerdo, que equilibra la compensación de la UE con las posibilidades de pesca.

Según datos ofrecidos por el Ejecutivo comunitario, el nuevo convenio, negociado para cuatro años, tendrá un coste anual de 40 millones de euros y aumenta en un 33 % las posibilidades de pesca para la flota comunitaria. Esta cifra supera los 36 millones que pagaba la Unión Europea por el acuerdo anterior, pero su impacto en las arcas comunitarias será menor porque la subida la asumirán los armadores europeos interesados en la zona.

Además de Fraga y Capoulas Santos, otros eurodiputados como la socialista española Dolores García Hierro y el vicepresidente de la comisión pesquera Struan Stevenson, de los Conservadores y Reformistas, han apostado por validar el acuerdo. En su opinión, la actividad pesquera europea y el sector marroquí se verán beneficiados y, además, consideran que la cuestión saharaui debe ser tratada en otros foros internacionales, y no a través de un convenio comercial como este.

Stevenson ha alertado de que si no son los barcos europeos los que acudan al caladero gestionado por Rabat, lo harán otros de bandera rusa o china a los que "les importa un bledo" la situación del Sáhara o las exigencias medioambientales y sociales. "Y luego importaremos su pescado a la Unión Europea", ha remachado.

Bruselas anunció un nuevo acuerdo el pasado julio con Rabat que cumpliría estas exigencias, al establecer un protocolo de cuatro años, a cambio de una contrapartida de 40 millones anuales y una cláusula que permite la suspensión del convenio en caso de vulneración de Derechos fundamentales.

Tras un debate de dos horas con los servicios de la Comisión Europea, los eurodiputados han solicitado a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo aclaraciones sobre la cuestión saharaui, mientras la 'popular' Carmen Fraga ultima el informe que será votado en comisión a finales de noviembre. El pleno de la Eurocámara se pronunciará después, en una fecha aún sin determinar, ya que debe aprobar o rechazar el acuerdo, aunque no podrá modificarlo.

Los 28 también tienen que dar su visto bueno formal para que los barcos europeos, en su mayoría españoles aunque hay de otras once nacionalidades, puedan regresar a faenar a la zona