El Defensor reclama "mayor coordinación" para luchar contra la trata de menores, con 52 casos intervenidos en Andalucía

Junta ultima una norma para intervenir en casos de menores presuntas víctimas de redes residentes en los centros de atención a inmigrantes

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado "mayor coordinación" para luchar contra la trata de menores inmigrantes que entran en nuestro país para su explotación sexual, laboral y de tráfico de órganos, principalmente, un negocio que, lamenta, "mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares americanos".

Así lo ha señalado durante la inauguración de la 'Jornada Concienciación y Sensibilización sobre Trata de Menores', junto a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el director de la Obra Social de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons, una jornada cuyo objetivo de dar a conocer a la sociedad el resultado de las labores de coordinación que desde hace más de un año promueven el Defensor andaluz y el Defensor del Pueblo Estatal.

Desde el último año, ambas Defensorías, junto con las administraciones, la Fiscalía de Menores de Andalucía, Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cruz Roja trabajan en la situación de los menores llegados a España. Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, constituye un punto estratégico de entrada de personas irregulares, en especial, de menores que solos o acompañados de adultos sin que se pueda verificar el parentesco, entran en nuestro país con indicios de que pudieran ser objeto de tráfico de seres humanos.

Según datos adelantados por el Defensor, desde la puesta en marcha de este trabajo conjunto se han intervenido en 52 casos en Andalucía por indicio de trata de menores, declarándose una treintena en situación de desamparo.

Así, Maeztu ha hecho un llamamiento a la "concienciación y la sensibilización" sobre uno de los asuntos "más graves" a los que se enfrenta como Defensor del Menor, ya que la explotación de niños "atenta contra los valores superiores del ordenamiento jurídico" y trae consigo "nefastas consecuencias" para unos menores que "se sienten decepcionados, culpables, con baja autoestima, y que recurren al abuso de drogas para adormecer el dolor e incluso otros intentan el suicidio".

Del mismo modo, Maeztu alerta de que es un negocio que mueve anualmente "entre cinco y siete billones de dólares americanos, siendo el 85 por ciento de los beneficios del comercio sexual, donde el 98 por ciento es ocupado por mujeres y niñas, según datos de Naciones Unidas".

De este modo, Maeztu --que presentará el próximo 8 julio en el Parlamento el informe del Defensor del Menor 2013-- subraya que hay que "consensuar" un protocolo que decida la intervención de cada uno de los agentes de este proceso, que se presenta "complejo" porque es difícil "determinar la situación de riesgo de los menores". Además, ha aclarado que "no se trata de criminalizar a las madres sino de proteger a los hijos de mujeres que no pueden decidir sobre sus hijos porque dependen de las mafias".

Por su parte, Sánchez Rubio ha destacado que la Consejería ultima una orden que estará vigente a lo largo de este año y permitirá reforzar la protección de menores víctimas de redes de trata de personas. La norma hará referencia específica a la oportunidad de intervenir, en colaboración con los Servicios de Protección de Menores y las ONG, en casos de menores presuntas víctimas de redes residentes en los centros de atención a inmigrantes.

450 PROFESIONALES CONFORMAN LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR

La consejera ha anunciado que su departamento está trabajando en este cambio normativo que facilitará a los 450 profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) de las localidades donde se encuentran los centros de atención a inmigrantes dotarlos de las herramientas técnicas necesarias para abordar casos de víctimas menores de las redes de trata de personas.

Durante la celebración de esta jornada en el Centro Cultural Cajasol, Sánchez Rubio ha explicado que esta normativa permitirá a los miembros de los ETF colaborar con los técnicos de las ONG y de los Servicios de Protección de Menores en el tratamiento de las familias, residentes en los centros de atención a inmigrantes, para dotarlas de las habilidades y competencias parentales necesarias para garantizar la adecuada atención y seguridad de sus hijos. "Se tata de escenarios complejos y situaciones delicadas", ha destacado.

Precisamente, para lograr este objetivo, la Consejería ha puesto en marcha un programa de formación específico destinado a los profesionales que componen los ETF en localidades con centros de atención a inmigrantes, profesionales de centros de protección de menores y mediadores culturales. A través de esta actividad formativa, que ya se ha desarrollado en Córdoba y Granada, los profesionales pueden adquirir las habilidades necesarias para detectar e intervenir en estos casos complejos por sus peculiaridades e implicaciones.

Los ETF están formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores y dependen funcionalmente de los ayuntamientos. En todos los municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales existe, al menos, un equipo de este tipo.