El empresario de 'Aglomerados Morell' admite que los despidos del ERE ni siquiera eran necesarios

La juez Alaya cree que "admitió dichos despidos" solo para "obtener las ayudas de la Junta"

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Luis Morell Muñoz, administrador de 'Aglomerados Morell' e imputado en la causa por la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, ha reconocido que los despidos correspondientes al ERE promovido en 2006 por esta sociedad, de cara a su traslado a Villanueva del Río y Minas (Sevilla), "no eran algo necesario" para la empresa en cuestión.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.

LA TRAMA DE LOS ERE

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.

Pues bien, un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fechado el 25 de enero de 2012 da cuenta de los aspectos relativos al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2006 por la empresa 'Aglomerados Morell S.A.', en el marco del traslado de sus instalaciones a Villanueva del Río y Minas.

LOS 'INTRUSOS' DEL ERE DE 'AGLOMERADOS MORELL'

Este expediente de regulación de empleo se tradujo en 24 prejubilaciones entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla de Aglomerados Morell S.A., una de ellas el presidente honorifico de la empresa y padre del propio administrador de esta sociedad. La socialista María José Cervantes, alcaldesa de Villanueva del Río y Minas en aquellos años y actual directora de área en la Diputación provincial, habría prestado además declaración como imputada ante los investigadores de la Guardia Civil.

La juez Mercedes Alaya, de hecho, recoge en un auto fechado el 27 de enero y recogido por Europa Press muchos de los aspectos de este atestado policial, como es la idea de que "según el administrador de la empresa, Luis Morell Muñoz, el despido de sus trabajadores no era algo necesario para su empresa y fue una condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas necesarias para amortizar los gastos del traslado a Villanueva del Río y Minas". "Sin serle necesario para el funcionamiento de su empresa, admitió dichos despidos para obtener las ayudas de la Junta y permitió la inclusión en la póliza de personas que no estaban trabajando en su empresa", entre ellos "su propio padre", explica la juez en el auto.

Tanto Luis Morell, como su padre (Jorge Andrés Morell Villette), así como Luis Llorente Herrero también en calidad de 'intruso' en este expediente de regulación de empleo, han sido imputados en el procedimiento por la juez Alaya, quien ha además y a cuenta de estos hechos ha extendido la imputación que ya pesaba sobre Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas o Antonio Rivas, antaño delegado provincial de la Consejería de Empleo.