Entidades de atención a la infancia alertan de que la Junta "desmantela" la red de centros "al suprimir 271 plazas"

Accampa y Apaes lamentan que la Consejería "recorte en políticas sociales y lo haga contra los los menores en desprotección"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor Patronal Andaluza (Accampa) y la Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (Apaes) advierten de que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que dirige María José Sánchez Rubio, ha decidido "desmantelar" la red de atención a menores andaluces en situación de exclusión social o con problemas familiares tras el anuncio la pasada semana "del cierre de 271 plazas en la comunidad".

Las asociaciones Accampa y Apaes, que agrupan a 49 entidades y atienden a más de 1.500 menores en sus casas-hogares en Andalucía, han lamentando los "recortes drásticos" que la Administración autonómica está realizando desde hace dos años en esta materia tan sensible a pesar del discurso oficial de que "en Andalucía no se recorta en políticas sociales".

En concreto, y a través de un comunicado, estas organizaciones señalan que ya en junio de 2012, la Dirección General de Infancia y Familia de Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta decidió "imponer un importante recorte económico de hasta el 20 por ciento" en la asignación de menor/día, entre otras medidas. Esos recortes entraron en vigor en 2013, y han supuesto "un gran esfuerzo" para las organizaciones que sustentan estos centros y para los propios trabajadores. Y este mismo año, la Junta "pretende llevar a cabo un nuevo recorte que hará inviable esta actividad", critican.

En este sentido, las asociaciones indican que la pasada semana, la Consejería "anunció la eliminación de unas 300 plazas en los centros de menores andaluces y la no renovación de los contratos con algunos de ellos", a los que, añaden, "habría que sumar los centros que han cerrado voluntariamente por no poder mantenerse económicamente".

Según Accampa y Apaes, el principal argumento que esgrime la Administración "es la existencia de plazas libres en estos centros de menores", cuando la realidad "es que la propia Junta no acomete la retirada de niños de familias, salvo en casos ya extremos y reiterados de maltrato o abusos". "Nadie puede creer que durante la crisis hayan descendido el número de niños que necesitan protección económica y social, pero la Junta les ha dado la espalda y no los retira", critican, al tiempo que señalan que "sólo en 2012 se produjeron en Andalucía 2.699 notificaciones por denuncias de maltrato infantil --por negligencia, maltrato psíquico, físico o abusos sexuales--".

Así, ambas asociaciones denuncian "la gravedad de que se deje a los menores en esta situación, muchas veces en la calle y sin escolarizar, desnutridos o maltratados en familias desestructuradas, sólo para poder decir que hay plazas libres en los centros de acogida y poder cerrarlos porque desgraciadamente no hay presupuesto para protegerlos", toda vez que aseguran que "tampoco se ha destinado ese dinero a trabajar en la recuperación de las familias desestructuradas y en exclusión social a fin de evitar la retirada de los menores".

"Se están dando importantísimos recortes en la Consejería sobre los ciudadanos más vulnerables, más desfavorecidos, porque curiosamente no tienen voz, ni, lo que es más importante para los políticos, voto en unas elecciones: los menores del sistema de protección son los que pagan los recortes, abocándolos a la delincuencia y la exclusión social", manifiestas Accampa y Apaes.

Además, recuerdan "el enorme esfuerzo" hecho por todas las entidades en la última década para profesionalizar un servicio que hasta 2003 "hacían con más corazón que recursos y apoyo legal", y que desde esa fecha "se ha realizado con todas las garantías recogidas en el Decreto de Acogimiento Residencial de Menores de ese año". Sin embargo, las asociaciones afirman que este recorte "supondrá también el despido de cientos de trabajadores vocacionados y con larga experiencia en el sector que atendían a dichos menores en los centros de las distintas entidades colaboradoras".

CRITICAN LA "ABSOLUTA FALTA DE DIÁLOGO" DE LA JUNTA

Por últimos, Accampa y Apaes alertan también de "la absoluta falta de diálogo" de la Junta, y que, explican que en otras ocasiones se ha llamado a las asociaciones que gestionan los centros de protección para estudiar e implementar los cambios en el sistema de protección, pero en esta ocasión "no se ha escuchado ni hablado previamente con ninguna asociación o entidad para buscar soluciones a los recortes, que se han basado exclusivamente en criterios de 'reducción de gasto', no existiendo una previsión global e integradora de hacia dónde quiere la Junta caminar en el futuro del sistema de protección de menores".

Por tanto, para las dos entidades, las consecuencias de esta "falta de previsión, diálogo y proyecto viable" del sistema de protección supone una clara involución del sistema, volviendo a situaciones de hace 20 años o lo que es peor, haciendo desaparecer unos derechos y unas alternativas reales y concretas de futuro, que son de los menores".,

Por todo ello, Accampa y Apaes dicen "no estar dispuestas" a que de nuevo infancia y juventud "sean los menos protegidos en esta Consejería, que realiza otro recorte económico de unos seis millones de euros sobre los menores --a quienes paradójicamente debe proteger en Andalucía--, exactamente igual que en el territorio español".