Fadeco plantea el pago por uso de las carreteras para obtener recursos destinados a la conservación de la red

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal andaluza de la construcción, Fadeco Contratistas ha planteado el pago por uso de las carreteras "en línea con los implantados en otros países de la UE", con vistas a obtener recursos económicos destinados a la conservación de la red viaria, una propuesta efectuada en sus alegaciones al anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible.

En dichas alegaciones, consultadas por Europa Press, se recuerda que "en Andalucía la mayor parte de la red viaria de gran capacidad se ha financiado con fondos públicos, que los usuarios utilizan sin satisfacer por ello contraprestación alguna".

Han recordado que el mantenimiento de este patrimonio viario "se encuentra en riesgo debido a las fuertes restricciones presupuestarias para la corrección del déficit público, que previsiblemente van a mantenerse en el futuro ante la necesidad de hacer frente al incremento del gasto público destinado a financiar políticas sociales de interés general, y de reducir los actuales niveles de endeudamiento público".

Asimismo, han recordado que "no existen mecanismos para regular la demanda de tráfico ni para internalizar los costes externos generados por el transporte".

Por ello, consideran que el actual modelo "no es sostenible", por lo que ha planteado el pago pro uso de las carreteras "como mecanismo justo y sostenible que permita obtener recursos con los que atender la conservación, mantenimiento y mejora de la red viaria, visto el lamentable estado que registra y la evidencia de su progresivo deterioro".

Los empresarios han recordado que se trata de un mecanismo "adoptado ya de forma generalizada en toda Europa" y recuerda que el Libro del Transporte y varias directivas comunitarias "constituyen el marco comunitario de referencia para la implantación de la denominada 'euroviñeta' o 'pago por uso'".

Asimismo, han apuntado que tanto el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, como la Ley de Economía Sostenible, abordan la gestión de las infraestructuras de transporte desde la óptica de la sostenibilidad económica, "y ya apuntan la consideración acerca del establecimiento de un sistema general de pago por uso de las infraestructuras para vehículos privados, de transporte colectivo y de mercancías".

Han recordado además que España, junto a Chipre, Malta y Estonia, "es el único país de la Unión Europea que no dispone de un sistema de pago por uso de las carreteras, ni siquiera en proyecto", lo que se une al "evidente y grave deterioro de la red viaria, hasta el punto de que su estado puede estar comprometiendo gravemente la seguridad de los usuarios"; al hecho del "agotamiento de la inversión pública y la urgente necesidad de encontrar medios y sistemas de financiación alternativos que proporcionen una fuente de ingresos para superar el déficit de mantenimiento existente"; y "la necesidad también de garantizar una red viaria de calidad, eficiente, sostenible y segura".

Ante todo esto, Fadeco pide que "se recoja una Disposición Adicional que comprometa al Consejo de Gobierno, o a la Consejería competente, a fin de impulsar a escala nacional la progresiva implantación de éste sistema, preservando los principios de unidad de mercado y de competitividad".

Fadeco propone que, en línea con los implantados en otros países de la Unión Europea comparables, el pago por uso "podría consistir en una tasa cuyas exigencias formales y materiales deberían acomodarse a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la Ley de Tasas y Precios Públicos", y que "dada la naturaleza tributaria de la tasa, no estaría sujeta a IVA". Esos ingresos se destinarían a la financiación de actuaciones vinculadas con el desarrollo, mejora, mantenimiento y optimización de las infraestructuras viarias y del sector del transporte.

OTRAS PROPUESTAS

En su escrito Fadeco recuerda que el anteproyecto se inserta en la 'Estrategia Europa 2020', que tiene como eje fundamental la apuesta de reducir el veinte por ciento de los gases con efecto invernadero, reducir el veinte por ciento del consumo energético, y producir el veinte por ciento de la energía con fuentes renovables.

La patronal de la construcción, que recuerda que la distribución de mercancías se realiza de manera predominante por carretera frente al insignificante uso del tren, lo que supone "un desequilibrado reparto modal" que conlleva "la elevada contaminación atmosférica".

La prioridad del anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible es "paliar en la medida de lo posible los efectos negativos de la movilidad de personas y mercancías, y contribuir con ello a una mejora sustancial del medio ambiente o, cuando menos, poner freno a su progresivo deterioro".

Fadeco considera que el anteproyecto "es bastante parco en la enumeración de medidas que incentiven la movilidad sostenible, y lejos de comprometer alguna impone ciertas obligaciones que parecen desproporcionadas por carecer de la motivación mínima exigible, como, por ejemplo, la de exigir, en los edificios de nueva construcción, emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para un número de bicicletas al menos igual al doble del número de viviendas, y de fácil acceso desde la red viaria".

Agregan que, en referencia a la financiación, "tampoco compromete medida o instrumento alguno que garantice el desarrollo y ejecución de futuras actuaciones".

Fadeco ve "llamativo" el hecho de que "no se haga mención al Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, ni a la Ley de Economía Sostenible".

Asimismo, tras recordar que este anteproyecto "atribuye a las personas titulares de los derechos la posibilidad de ejercitar las acciones que procedan para exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de las obligaciones y podrán instar la protección jurisdiccional para exigir el cumplimiento del deber de aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible", Fadeco plantea que "la protección jurisdiccional no quede circunscrita sólo a los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, sino que se amplíe a cualquiera de los instrumentos de planificación", así como que "se precise que el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones puede ser ejercitado por cualquier persona, entidad, organización o asociación que acredite un interés legítimo".

Fadeco agrega que en el anteproyecto "no se prevé de manera explícita la formulación de planes de movilidad sostenible de ámbito territorial supramunicipal".

PLANES DE MOVILIDAD EN CENTROS

Asimismo, Fadeco considera que los planes de movilidad sostenible de los centros generadores de movilidad "carecen de justificación, o, al menos, el objeto que el anteproyecto les atribuye", y ello porque "las medidas de fomento para la mejora de la movilidad sostenible que contempla no son determinaciones propias de aquellos sino de los planes territoriales y de los planes urbanos de movilidad sostenible".

En cuanto a su carácter vinculante para la obtención o renovación, en su caso, de las autorizaciones o licencias municipales necesarias para el desarrollo de la actividad, Fadeco cree que es una medida "que vulnera los principios de necesidad y de proporcionalidad de la directiva comunitaria incorporados a Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como a lo establecido en la Ley de Economía Sostenible y a lo dispuesto en la propia normativa autonómica, concretamente en la Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas".

Por otra parte, considera que el contenido de estos planes "se asemeja a los que la Ley de Economía Sostenible se refiere bajo la denominación de 'Planes de Transporte en Empresas'. Por ello, creen que "debe reconsiderarse en su totalidad su denominación y objeto, teniendo en cuenta su carácter voluntario, su formulación en el marco del diálogo social".