Las familias podrán firmar contratos con los centros educativos para fomentar el éxito escolar de sus hijos

Junta actualiza los protocolos de intervención frente a casos de acoso, violencia de género, maltrato infantil y agresiones a docentes en aulas

Los alumnos expulsados podrán participar en actividades de 'reeducación' fuera del colegio durante en el tiempo que dura la sanción

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha presentado este miércoles el borrador de la orden que regulará la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y la participación de las familias en el proceso educativo y que, entre sus principales novedades, incluye la posibilidad de que las familias firmen contratos con los colegios e institutos para fomentar el éxito escolar de sus hijos y una actualización de los protocolos de actuación frente a los posibles casos de acoso escolar, violencia de género, maltrato infantil y agresiones a docentes en las aulas.

Según ha explicado en rueda de prensa en consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, esta nueva orden --que desarrolla los principios ya recogidos en los Reglamentos de Organización de Centros (ROC) sobre convivencia y colaboración familiar-- se aplicará ya a partir del próximo curso y, además de regular de forma "más sencilla y eficaz" la aplicación de las normas de convivencia así como los protocolos de actuación en caso de que éstas se incumplan, servirá para que las familias "tengan más opostunidades de implicarse" en la educación de sus hijos.

Para potenciar este compromiso de las familias se creará, como ya es sabido, la figura del Delegado de Padres y se impulsará la tutoría electrónica. Pero además, como novedad, los padres podrán firmar voluntariamente un contrato con el colegio o instituto donde estudien sus hijos para implicarse "aún más" en su proceso educativo y en la consecución de su éxito escolar. Se trata, según ha explicado el consejero, de comprometerse por escrito a cumplir "pequeños objetivos" pero que, a corto y medio plazo, aseguran "buenos resultados" educativos.

Existirán don tipos de contratos: uno pedagógico y otro de convivencia. En el primero, según este modelo de contrato al que ha tenido acceso Europa Press, las familias se comprometen, por ejemplo, a favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno al centro, a facilitarles un ambiente y unas condiciones de estudio adecuadas, a colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares o a mantener una comunicación fluida con el tutor. Por su parte, el centro tendrá que realizar un control diario del alumno, proporcionarle los recursos necesarios para que haga las actividades en el centro y facilitarle la adquisición de hábitos de estudios, entre otros aspectos.

Con el contrato de convivencia, por su parte, las familias adquirirán el compromiso de aceptar las indicaciones del profesorado para la mejora del clima escolar, mantener una actitud positiva y dialogante con la dirección o colaborar con el centro en el cumplimiento de las medidas disciplinarias que se le pudieran aplicar a sus hijos. De esta manera, en palabras de Álvarez de la Chica, se fomentan "los niveles de compromiso moral" de los padres con la educación de sus hijos. Sobre todo, de aquellos que "desgraciadamente, y hasta ahora, aún no han considerado la preocupación por sus hijos de forma cotidiana".

Esta medida también ha sido muy bien valorada por la Confederación de Ampas por la Escuela Pública (Codapa), a la que Educación ha presentado este miércoles la nueva orden, como lo hará en los próximos días al resto de confederaciones de padres y madres de la escuela pública y concertada así como a las organizaciones sindicales y demás entidades que componen la comunidad educativa. Para el presidente de Codapa, Francisco Mora, esta medida "dará pie a que, por el sólo hecho de firmar un papel, haya pequeños problemas que se solucionen de manera rápida y eficaz".

PLAN DE CONVIVENCIA

La nueva orden también establecerá un "marco específico" dentro del que los centros educativos tendrán que elaborar, desarrollar y evaluar su Plan de Convivencia. Éstos deberán incluir el diagnóstico del estado de la convivencia del centro, las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula, las medidas de prevención, detección y resolución de conflictos y, por último, un programa de acciones de reeducación para los infractores.

Es precisamente en este último apartado donde se incluye otra de las principales novedades de la nueva normativa. A partir del próximo mes de septiembre, el alumno que cometa una falta muy grave y que, como consecuencia, sea expulsado del centro, tendrá la posibilidad de "mejorar su conducta" a través de acciones formativas que se desarrollarán en entidades u ONG durante el tiempo que dure la expulsión (como máximo, un mes).

Según ha explicado el consejero, esta medida va encaminada a que el alumno "no quede fuera del sistema escolar a su libre albedrío y sin posibilidad de mejora, ya que, con la expulsión, también está perdiendo de manera significativa en su propio proceso de aprendizaje". Así pues, serán en este caso las Ampas las que propiciarán y propondrán a las familias de estos chicos las posibles actividades de reeducación que puedan desarrollar mientras están fuera del aula, dependiendo de los dispositivos que existan en el entorno más próximo del alumno. Estas actividades serán siempre voluntarias, aunque Educación espera que las familias también se impliquen en este aspecto.

También tendrán que estar en marcha el próximo curso escolar las Comisiones de Convivencia, que serán las encargadas de velar por el cumplimiento de las normas y de mediar en la resolución de los conflictos. En los centros de Infantil y Primaria, las comisiones sólo estarán compuestas por padres, pero en los institutos de Secundaria podrán participar también representantes de los alumnos.

MODELOS DE INTERVENCIÓN

La nueva norma incluirá también cuatro modelos de intervención para hacer frente a los supuestos de acoso escolar, agresiones a docentes, maltrato infantil y, como novedad, la violencia de género en el ámbito educativo. Respecto al acoso escolar, se define como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno producido por compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Además, por primera vez, se recogerá el ciber-acoso, que se concebirá como intimidación, difusión de insulto, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.

Respecto a la protección y asistencia al profesorado, se articularán los mecanismos de apoyo ya previstos en el convenio de colaboración que la Consejería de Educación firmó el pasado mes de septiembre con la Fiscalía Superior de Andalucía. Así, el protocolo dota de protección jurídica al profesorado de los centros públicos y concertados, así como al personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de la escuela pública, ante agresiones, intimidaciones graves, resistencia activa grave y cualquier otra conducta que tenga la consideración de delito o falta en el Código Penal, ya sea cometida por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación con el mismo en el ejercicio de sus funciones.

El documento especifica además la actuación de la Inspección Educativa, la Dirección de los centros y la Delegación de Educación cuando se produzcan estos casos, incluyendo la canalización de la denuncia, bien a las secciones de Menores de las Fiscalías Provinciales, al Juzgado de Guardia o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, la nueva norma obligará a los centros a registrar todas las incidencias, graves o leves, en materia de convivencia así como sus correspondientes medidas disciplinarias.