Guerrero declara que Ramón Díaz y él negociaron el ERE de Saldauto pero se desliga de los delitos

Un directivo de Vitalia Vida ha declarado que Guerrero y Ramón Díaz ordenaron dos de las tres prejubilaciones fraudulentas de este ERE

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que el actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz y él mismo protagonizaron la negociación relativa al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral 'Saldauto'. No obstante, Guerrero se ha desligado de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

EL "FONDO DE REPTILES"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

A tal efecto, uno de los expedientes de regulación de empleo incluidos en esta investigación fue promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' y, según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, gracias a él accedieron a la prejubilación tres personas que no formaban parte de la plantilla. Se trata, en concreto, de Antonio G.P. y Rafael R.F., antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba), y de Francisco de Paula Hernández Diánez.

"AYUDAS SOCIOLABORALES A LOS DESPIDOS"

Francisco Javier Guerrero, de cualquier modo, compareció ante los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 11 de marzo, reconociendo ante los investigadores que Ramón Díaz Alcaraz como su "asesor" y él mismo "negociaron" con 'Saldauto' aquel procedimiento, aunque según ha asegurado, "a esta empresa se le dio el mismo trato que al resto de empresas en crisis, esto es, ayudas sociolaborales a los despidos".

Sobre Antonio G.P., Rafael R.F. y Francisco de Paula Hernández Diánez, beneficiarios de la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento pese a no haber formado parte jamás de la plantilla, Guerrero se ha desligado de las irregularidades investigadas al asegurar que Francisco de Paula Hernández Diánez "no le suena de nada" y que, si bien ordenó que Antonio G.P. y Rafael R.F. recibieran "el mismo tratamiento que el resto de los empleados de Promi" al haber sido excluidos del expediente de regulación de empleo que había promovido esta empresa de la que ambos habían sido ya despedidos, "no dijo que los metieran en ningún otro sitio".

Jesús María Bordallo Rodríguez, directivo de la consultora de previsión social Vitalia Vida, había declarado de su lado a la Policía Judicial que Guerrero y Ramón Díaz como su "asesor" le "indicaron" en 2007 que "había que meter" a Antonio G.P. y Rafael R.F. en el ERE impulsado entonces por 'Saldauto', pese a que ninguno de ellos formaba parte de la plantilla. Díaz, según figura en el atestado policial sobre la declaración de este directivo de Vitalia Vida, "habló personalmente con él solicitándoselo".