No se tendrá que acreditar diagnóstico médico o psiquiátrico, intervención quirúrgica, ni haberse sometido a terapias hormonales
SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA ha presentado un proyecto de ley integral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, a las que dota de una tarjeta identificativa transitoria con su nuevo nombre, mientras dure el proceso para la obtención de una documentación de identidad acorde con su identidad de género, al objeto de favorecer una mejor integración durante dicho proceso y evitar situaciones de sufrimiento o discriminación.
Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé, quien ha presentado junto con la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, el citado texto normativo, elaborado de manera conjunta entre las distintas asociaciones que representan al colectivo transexual y la federación de izquierdas.
Cambrollé, que ha explicado que el proceso para que un transexual pueda cambiarse legalmente de nombre suele durar unos dos años, --entre el periodo de tratamiento hormonal y el diagnóstico médico o psiquiátrico--, ha considerado que esta circunstancia supone una "discriminación" para este colectivo, "dado que a los seis meses de tratamiento hormonal ya pueden verse los efectos que definen a estas personas como hombre o mujer".
El citado proyecto de ley recoge que toda persona que solicite la mencionada documentación provisional de su identidad de género deberá presentar ante la oficina o registro que se determine reglamentariamente una solicitud requiriendo la expedición de la presente documentación administrativa, que en los restantes datos identificativos se ajustará estrictamente al DNI en vigor que se adjunte, conservándose el número original del mismo.
De igual modo, la persona que solicite esta tarjeta identificativa transitoria deberá expresar el nuevo nombre con el que solicita ser llamada y, en ningún caso, será requisito acreditar diagnóstico médico o psiquiátrico, intervención quirúrgica alguna, ni haberse sometido a terapias hormonales o cualquier otro tratamiento o terapia, médico o psicológico. Estos trámites serán gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado.
Aparte de esta cuestión, el citado proyecto de ley trata de garantizar el derecho de las personas transexuales para recibir de las administraciones andaluzas una atención integral en los ámbitos sanitario, educativo y laboral, que sea adecuada a sus necesidades y que esté en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
ATENCIÓN SANITARIA IGUALITARIA Y NO "ESPECÍFICA"
En lo que se refiere al ámbito sanitario, se recoge la inclusión del tratamiento sanitario integral e igualitario de la persona transexual, menores incluidos, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y no a través de áreas "específicas". Se establece así el derecho de este colectivo a ser atendido respetando la autonomía personal por profesionales con la que cuenta la red de hospitales públicos del SAS.
"Tiene que prevalecer la autonomía personal y no puede ser objeto de diagnóstico que se diga si una persona es transexual o no", ha apuntado la presidenta de ATA, quien ha insistido en que "si no se trata de una enfermedad, no puede ser entonces objeto de diagnóstico".
El proyecto de ley también recoge que las administraciones andaluzas elaboren medidas de discriminación positivas adecuadas para favorecer la contratación y el empleo estable de estas personas; la inclusión de métodos, currículos y recursos educativos de la diversidad de identidades de género; y la puesta en marcha de campañas de sensibilización al público en general y a funcionarios en particular.
Cambrollé, que ha mostrado su confianza en IULV-CA y en que este proyecto de ley salga adelante para "devolver la dignidad" a estas personas, ha dicho esperar que este documento "no se quede en un cajón", como, según ha denunciado, ya ocurrió en el año 2010 con una proposición no de ley presentada por los socialistas y que contó con el apoyo del Parlamento.
Finalmente, Alba Doblas ha mostrado su satisfacción por la defensa de esta iniciativa, al considerar que recoge el esfuerzo de la participación ciudadana "en estado puro". Según ha precisado, su grupo parlamentario la registrará en la Cámara "a la mayor brevedad", aunque dependerá de los distintos trámites, la fecha en la que pueda debatirse por parte de los distintos grupos.