Asegura que la Diputación de Granada y algunos ayuntamientos gobernados por el PP han "desmantelado" estas ayudas
SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La dirección general de Administración Local, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, va a enviar la próxima semana una circular a los ayuntamientos y diputaciones para aclararles las dudas suscitadas sobre las competencias en materia de cooperación internacional, a raíz de la puesta en marcha de la reforma local del Gobierno de Rajoy.
Así lo ha explicado a Europa Press el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, quien ha advertido de que la reforma local no puede ser utilizada como "coartada" para que las corporaciones locales acaben con la cooperación internacional, algo que ya está sucediendo, según ha apuntado, en la Diputación de Granada y en algunos ayuntamientos gobernados por el PP.
Y es que, según ha señalado Camacho, la nueva reforma local recoge cuáles son las competencias de los ayuntamientos y las diputaciones, quienes solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación "cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal".
Camacho ha indicado que su departamento, tras ser consultado por las diputaciones de Málaga y Sevilla sobre cómo afecta la reforma local a la cooperación internacional, ha elaborado un informe jurídico al respecto, en el que se concluye que en este asunto "no cabe hablar de competencias" porque se trata de una "actitud relacional" y de una "voluntad".
SERÍA UNA "ABERRACIÓN" SUPRIMIR ESTAS AYUDAS
"Los ayuntamientos y las diputaciones son plenamente competentes para ejercer la cooperación internacional", ha subrayado el director general, quien considera que no seguir haciéndolo supondría "una aberración" por parte de las entidades locales porque la ley estatal no lo impide y porque en la actual situación "hace más falta que nunca este tipo de ayuda".
En su opinión, aprovechar un momento como éste para desmantelar los sistemas de cooperación al desarrollo, amparándose además en la ley de reforma local, supone ir "contra el más mínimo sentido humanitario". Para Camacho, no ayuda nada en este sentido que la ley impulsada por el Gobierno llene de "incertidumbre e inseguridad jurídica".