(Por favor, sustituyan esta información por la emitida en el servicio de Europa Press con el mismo titular por la que sigue por un error en el primer párrafo. Disculpen las molestias, gracias.)
La Junta alega que la Ley de Dependencia "obliga" a revisar los expedientes cada tres años y acusa a Soto de "mentir"
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El director gerente de la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Julio Coca, ha avisado a la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, de que la propia Ley de Dependencia "obliga" a revisar "de oficio" cada tres años los expedientes de las personas dependientes que gozan de planes individuales de actuación con su correspondiente prestación o servicio. A tal efecto, ha criticado la "desvergüenza política sin límites" de Soto, porque "miente por religión, quedándose en la anécdota y utilizando a las personas más desfavorecidas en una mezquina política de manipulación".
Ante las acusaciones de Soto, que esgrimiendo una revisión de oficio emprendida por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sobre los servicios de los que goza una persona dependiente radicada en Almería ha alertado de un nuevo "recorte social" a manos del Gobierno andaluz, Julio Coca ha lamentado la "mentira, la manipulación y el detalle" que caracterizan el discurso del PP de Andalucía.
REVISIONES DE OFICIO E INSPECCIONES
Y es que, según ha defendido Julio Coca, la propia Ley de Dependencia "obliga a revisar los expedientes una vez transcurridos tres años" del reconocimiento del grado y el nivel de dependencia de una persona y la aplicación de un plan individual de actuación traducido en prestaciones o servicios. Igualmente, ha señalado que la aplicación de esta ley mediante las correspondientes prestaciones o servicios está acompañada de "una labor inspectora que persigue ver si el servicio que una persona recibe es el más adecuado a su situación".
Por eso, ha lamentado que Soto "se quede en la anécdota y utilice a las personas más desfavorecidas", en alusión al caso expuesto este sábado por la dirigente popular. En ese sentido, ha defendido que los "datos objetivos y rigurosos" prueban que Andalucía aplica "bien" la Ley de Dependencia, con 192.700 personas con dependencia reconocida y unas 254.000 prestaciones o servicios en favor de estas personas.
"Madrid y Valencia juntas tienen más de tres millones de habitantes más que Andalucía, pero aquí tenemos 110.000 personas más atendidas que estas comunidades", ha dicho señalando, además, que en Andalucía "hay atendidas más personas" mediante la Ley de Dependencia que en las comunidades de Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia". "Estos son cantidades objetivas frente a la mezquindad", ha aseverado.